MADRID/GIJÓN, 15
La Alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, firmó hoy en Madrid con la Ministra de Vivienda, Carme Chacón, un acuerdo de colaboración para la realización de labores conjuntas que combatan el acoso inmobiliario.
Este convenio se enmarca en el protocolo firmado el 3 de diciembre de 2007 entre el Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos en orden a combatir el acoso inmobiliario. Para que se cumpla el objeto del citado convenio el Ministerio de Vivienda podrá en funcionamiento un teléfono gratuito de asistencia a víctimas de este acoso que facilitará la orientación oportuna en cada caso.
Según informó el Ayuntamiento de Gijón a través de una nota de prensa, en virtud a este acuerdo el Ministerio de Vivienda se compromete a difundir en Gijón la existencia de este teléfono y de poner en conocimiento del Ayuntamiento los posibles casos de víctimas del acoso inmobiliario en la ciudad.
Desde el Ayuntamiento de Gijón se tomará razón de las denuncias efectuadas por los ciudadanos presuntamente víctimas de acoso inmobiliario y organizará la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso lo requiera. El Ayuntamiento de Gijón también se compromete en este convenio a vehicular a los ciudadanos a los servicios de orientación y de asistencia jurídica gratuita que se puedan prestar por las distintas administraciones.
En la reunión que hoy mantuvieron la Alcaldesa y la Ministra de Vivienda, se puso de manifiesto que en los últimos años se viene ilustrando en España el denominado "acoso inmobiliario" consistente en situaciones por las que una persona o un grupo de personas, generalmente especuladores, ejercen comportamientos caracterizados por una presión psicológica, aplicada durante un tiempo sobre otra persona con la cual mantiene un vínculo contractual a través de un arrendamiento urbano. Esta serie de presiones que realizan particulares y empresas inmobiliarias sobre los inquilinos, suelen tener por objetivo dejar la vivienda libre de arrendatarios, para así poder vender la propiedad a un precio más alto, o bien poner la vivienda en el mercado del alquiler obteniendo unas rentas más elevadas que las que venía percibiendo.
Asimismo, se reconoció, en la reunión, que "pese a la existencia de protección legal se hace necesario la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a combatir estas conductas merecedoras de todo reproche jurídico y social, mediante la asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas de estas actuaciones".
