OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Junta de Gobierno, José María Pérez, acusó hoy al PP de "mentir a la ciudadanía" con sus acusaciones relativas a la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Para José María Pérez, el PP de Gijón pretende extender sus "conflictos internos" al Ayuntamiento de una forma "obscena" e "insultante".
De esta forma, el portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón salía al paso de la rueda de prensa ofrecida este mediodía por el concejal del PP Eduardo Junquera, quien insistió en que existen irregularidades en un contrato a una empresa de Emilio Noval y acusó a los socialistas de intentar pagar así favores a Noval.
Sin embargo, según señaló José María Pérez a Europa Press, las acusaciones de Junquera carecen absolutamente de fundamento y sólo responden a su intento por generar una "cortina de humo" para tapar las críticas vertidas por los rivales internos del PP. "Lamentamos la férrea voluntad que manifiesta el grupo que lidera la señora Fernández Pardo para ensuciar la vida democrática", sentenció.
Exigió asimismo una actitud "responsable" a Junquera, dado que es miembro del Consejo de Administración de la EMA. "No es compatible ser administrador de una sociedad al mismo tiempo que se falsifican los datos de gestión de esta y se vulneran los principios de confidencialidad que le obligan como consejero", dijo José María Pérez.
Además, el concejal socialista recordó a Junquera que la EMA no es una administración ni se le aplica la misma normativa. Señaló que es un poder adjudicador con contratos privados y sometidos a la jurisdicción civil, según la legislación vigente.
Añadió que no son necesarios pliegos de condiciones para contratos inferiores a 50.000 euros, tal y como exige el PP. "Es otra falsedad del PP", dijo, insistiendo en que la EMA cumple con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y las normas de contratación aprobadas por su consejo.
De hecho, recordó que, "frente a las insidias del PP", el Consejo de Administración de la EMA aprobó el pasado junio las normas que regulan los contratos no sujetos a regulación armonizada y con importes superiores a 50.000 euros. Estas normas, sin embargo, no se aplican al caso referido por Junquera "dado que el importe de dicho contrato es muy inferior a la cantidad citada".
