La Fiscalía pide por el mismo delito 12 años de prisión
GIJÓN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un vecino de Gijón, J.C.E.S., ha denunciado a cuatro policías locales de falsificar una multa como represalia por haber testificado en un juicio contra uno de ellos, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas. Asimismo, solicita para cada uno de ellos una pena de cuatro años de prisión, multa de quince meses con cuota diaria de 12 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por plazo de seis años por un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público.
Además, pide para dos de ellos, a los que acusa de tomar represalias contra él por su condición de testigo en el citado juicio, dos años y seis meses de prisión y multa de quince meses con cuota diaria de 12 euros para cada uno por un delito contra la Administración de Justicia, con la accesoria de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de cuatro años, con la agravante de prevalerse de su calidad de empleados públicos.
También les acusa de un delito continuado de atentado contra la integridad moral cometido por funcionario público, en su modalidad menos grave, por el que les pide para cada uno un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo y cargo público por plazo de cuatro años.
Asimismo, el demandante solicita, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización por importe de 362 euros por las multas que le impusieron y 6.000 euros por daños morales, así como las costas del juicio. Por su parte, la Fiscalía tan sólo imputa a los cuatro policías un delito de falsedad documental, para los que pide tres años de cárcel para cada uno.
Los hechos se remontan al pasado 17 de febrero de 2003, cuando el demandante intervino como testigo presencial de la defensa en un juicio, iniciado a raíz de la denuncia de uno de los policías ahora acusados, aunque en el momento de los hechos que se enjuiciaban no llevaba el uniforme y desconocía que era agente municipal. Supuestamente, el citado policía le habría recriminado el que asistiera como testigo al juicio.
Ya con anterioridad a ese juicio, otro de los agentes denunciados había protagonizado un incidente en el establecimiento hostelero en el que trabajaba el demandante. Según la acusación particular, tuvieron que expulsarlo del local al molestar a varios clientes. Supuestamente, el hombre se encontraba desnudo de cintura para arriba y fue cuando lo expulsaron cuando apeló a su condición de policía y advirtió a J.C.E.S. que iba a tener problemas, especialmente con su vehículo.
Debido a ello, el demandante fue muy cuidadoso con el aparcamiento de su vehículo durante el tiempo que trabajó en el citado local hostelero y no le multaron, no así a uno de los propietarios, a quien incluso le recomendaron que despidiera al demandante.
A raíz de que J.C.E.S. cambió de trabajo, la situación se calmó hasta que fue interceptado, el 16 de Junio de 2005, mientras circulaba con su vehículo particular por la Avenida Pablo Iglesias, por los dos policías citados anteriormente. Tras comprobar que la documentación la llevaba en regla, y a preguntas del demandante, el policía que le recriminó ir como testigo al juicio le conminó a que se lo pensara mejor antes de volver a hacerlo.
Casi dos meses después, el 12 de agosto de 2005, recibió una citación como acusado por proferir supuestas amenazas a ambos agentes. El demandante expuso una queja ante el Ayuntamiento al considerar que se trataba de una represalia, que fue archivada un año después. Con motivo de la denuncia, J.C.E.S. fue condenado a satisfacer una multa de 10 días con cuota diaria de tres euros, al no haber testigos.
Posteriormente a estos hechos, el 5 de enero de 2006 el demandante circulaba por la calle de Cabrales hacia la de Domínguez Gil con un vehículo de leasing contratado por la empresa para la que trabajaba en ese momento. En dicha confluencia de calles se encontraban los dos agentes regulando el tráfico. Uno de ellos avisó al otro agente de la presencia del demandante, tomando este policía notas en su libreta.
Con relación a estos hechos, el 8 de Marzo de 2006, J.C.E.S. recibió la notificación de una denuncia supuesta conducción temeraria producida el 5 de Enero, en la que se indica que el denunciado "se salta un semáforo en rojo, obligando a los peatones a saltar a la acera para no ser atropellados". No obstante, figura como lugar la confluencia de las calles de Munuza y San Bernardo, pese a que allí no hay semáforo.
Además, en el escrito de la acusación particular se recalca que la notificación de la multa la recibe en su domicilio particular, cuando a él no le pararon para identificarle y cuando el vehículo es de leasing. Tampoco consta, entre otras cosas, la identificación de los peatones.
La citada denuncia no fue firmada por los dos agentes citados anteriormente, sino por otros dos compañeros que no estaban ni siquiera en el lugar, y contra los que el demandante formuló denuncia por falsificación de documento oficial. Por estos hechos, J.C.E.S. fue sancionado con una multa de 332 euros.
