OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Graduados Sociales de Asturias ha advertido de que desde hace tiempo se viene produciendo la externalización de funciones sin contraprestación desde las Administraciones Publicas que sufren ciudadanos, empresas, y cuyo problema recae principalmente sobre los profesionales Graduados Sociales, entre otros.
Desde el Colegio comunican que esta práctica viene siendo un objetivo de los gobiernos desde que entró el fenómeno digital un objetivo que los profesionales comparten, pero no en los términos que las Administraciones persiguen "porque está perjudicando y sobre todo en tiempos de crisis covid a la salud y viabilidad económica".
El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, Marcos Óscar Martínez, ha recibido varias cartas de colegiados mostrando su malestar por esta situación en las que cuentan que "sutilmente, han dejado en nuestras manos la realización de trámites, que antes hacía el personal dependiente de las distintas Administraciones, con el consiguiente gasto para nosotros (en medios informáticos y telemáticos) y la consiguiente responsabilidad. Y, todo ello, no siendo los gestores de las distintas aplicaciones que debemos usar que, como tales, sufren constantes incidencias. Y, sin transferencia de este coste al cliente-administrado".
A consideración de Marcos Óscar Martínez, los Graduados Sociales de Asturias no entienden por qué empresas como Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A) en los últimos años sin ser una empresa con profesionales de perfil laboral ha desarrollado servicios externalizados como las Prestaciones del Fondo de Garantía Salarial en tiempos de atasco, o actualmente como refuerzo para la gestión de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital.
"Además de Tragsa, hay otras empresa que cobran por el refuerzo a la Administración Pública, sin embargo, los Graduados Sociales no somos remunerados por tramitar las prestaciones de desempleo de los trabajadores, lo que consideramos un agravio una discriminación importante", apunta.
Afirma que esta forma de gestión de los servicios públicos ha incrementado las jornadas laborales de los Graduados Sociales que ya no son de 40 horas a la semana, ha perjudicado la salud padeciendo el fenómeno 'psicosocial', y es incompatible con el derecho a la desconexión digital.
"La sobrecarga de trabajo no es nueva para los Graduados Sociales, se viene produciendo desde los años de la crisis económica pero si se ha acelerado con la crisis Covid que se traduce en nuevas funciones, nuevos conocimientos digitales, inversión en nuestros negocios y una legislación alocada sin valoración de aplicación práctica por ningún profesional que pone en riesgo nuestros negocios por la incertidumbre que crea si estás aplicando correctamente los que otro deciden, por falta de criterio en la norma", explica Marcos Óscar Martínez.
Desde el Colegio Profesional advierten de que si los Graduados Sociales paran entre otras muchas gestiones que conllevan las relaciones laborales se para el cobro de nóminas, con lo que conlleva eso para los trabajadores, no se lleva a cabo las cotizaciones, con lo que conlleva ello para las arcas del estado, y ningún trabajador hubiera cobrado prestaciones de desempleo en tiempos covid.
