La Fiscalía pide la expulsión del país del procesado, de origen ecuatoriano, cuando acceda al tercer grado
GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, acogerá este martes, a las 10.00 horas, la vista contra un procesado por acosar e intentar agredir sexualmente a su ex pareja, en Oviedo, para el piden un total de siete años y medio de prisión.
De acuerdo al relato remitido por la Fiscalía, el procesado, nacido en 1968 en Ecuador y con domicilio en Oviedo, mantuvo una relación con la víctima durante diez años, que cesó en noviembre de 2017 por iniciativa de ella, decisión que no fue aceptada
"de buen agrado" por el procesado.
Este, desde entonces, la telefoneaba en innumerables ocasiones, se presentaba en su domicilio llamando insistentemente al timbre o merodeaba por las inmediaciones de la cafetería donde ella trabajaba;
todo ello con la intención de convencerla para retomar su relación.
En esta situación, sobre las 8.00 horas del 9 de diciembre de 2017, cuando la víctima sacó a pasear a su perro, se encontró sorpresivamente con el procesado, que la estaba esperando en el exterior de su vivienda, en Oviedo.
Entonces, la empujó hacia dentro de la casa mientras le decía que iba a mantener relaciones sexuales con ella "a toda costa", y le arrebató el teléfono móvil.
Pese a la negativa reiterada de la mujer, el procesado consiguió tirarla sobre la cama del dormitorio y comenzó a desvestirla. Ella se resistió, por lo que el procesado le sujetó fuertemente las muñecas y le dio un cabezazo en la nariz. Él continuó intentando agredirla sexualmente, aunque finalmente, la víctima consiguió huir.
AGRAVANTE DE GÉNERO
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de acoso, del artículo 172 ter. 1-1, 2 y 2 del Código Penal; otro contra la libertad sexual en grado de tentativa de los artículos
179, 16 y 62 del Código Penal; y un tercero de maltrato del artículo 153, 1 y 3 del Código Penal. En el segundo delito, concurre la agravante de género.
Por todo ello, solicita para el acusado, respecto al primer delito, un año y medio de prisión y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante dos años, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período de tiempo.
En el caso del segundo delito, le pide cinco años de prisión y la prohibición de aproximarse a su ex pareja a menos de 500 metros durante ocho años, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período de tiempo.
En cuanto al tercer delito, el acusado se enfrenta a la pena de un año de prisión y prohibición de aproximarse a la víctima a menos 500 metros durante dos años, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo período de tiempo. En todos los casos, se le solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
LIBERTAD VIGILADA
Además, la Fiscalía solicita que se imponga al procesado libertad vigilada durante cinco años, en los que tendrá la obligación, entre otras cosas, de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente; comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o tribunal señale, cada cambio de lugar de residencia o puesto de trabajo; la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.
El Ministerio Fiscal solicita que, en el caso de que se dicte sentencia condenatoria, se acuerde la expulsión de España del procesado cuando este acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
A esto ha sumado una petición del abono de las costas procesales y, en concepto de responsabilidad civil, que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales y con 480 euros por las
lesiones causadas, y al Sespa con la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada, todo ello más los intereses legales correspondientes.
