OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Los impulsores de la Ley de Promoción y Uso del Bable/Asturiano, Sergio Marqués, presidente del Principado por el PP en el momento de la aprobación, y Xuan Xosé Sánchez Vicente, diputado del PAS, partido con el que el Gobierno pactó la norma, consideraron "absurdo" y "inadmisible" que no se permita las comunicaciones en asturiano de los funcionarios con la administración, pero sí se haga con las de los ciudadanos.
En declaraciones a Europa Press, ambos se refirieron esta semana a la interpretación que realizaron en su día, primero la Administración autonómica, y después el juez del Juzgado número 3 de lo Contecioso Administrativo de Oviedo, Miguel Ángel Carbajo, de la Ley de Uso, en el caso de Xurde Blanco. Este abogado del Principado solicitó un permiso laboral. Tras la denegación por estar escrito en asturiano, recurrió al citado juzgado, que solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que se pronunciase al respecto de la norma. Pese a avalar el (TC) el texto, el juez rechazó el recurso, avalando las razones del Principado: "no tiene derecho a relacionarse con la Administración del Principado en la lengua asturiana, cuando actúa en su condición de funcionario".
"Es absurdo que si tu te puedes dirigir a la Administración en asturiano, resulta que los funcionarios entre sí no puedan. Pertenece al capítulo del absurdo", comentó el ex presidente Marqués. "Evidentemente, en esta vida todo se interpreta, pero no se compadece ni con el espíritu ni creo que con la letra (de la ley)", señaló, dejando constancia de que el objetivo de la misma "era de promoción del uso, pero no específicamente condicionado a tales ciudadanos en tales circunstancias, sino en general".
Esta filosofía fue, según él, "absolutamente unánime" entre los elaboradores de la norma, añadiendo que "bajo ningún concepto se había planteado ningún problema de este tipo, y eso es indiscutible", sentenció.
Por su parte, Sánchez Vicente recordó que el Tribunal Constitucional "interpreta lo mismo" que Marqués. Consideró "muy sorprendente" que el juez hiciese la consulta, y que ante la respuesta afirmativa del Constitucional el fallo fuera denegatorio. "Los funcionarios, en cuanto usuarios de derechos, son ciudadanos como los demás, no son miembros de la Administración que tienen que redactar disposiciones, sino ciudadanos", consideró. En este sentido, "la respuesta del constitucional es clara. Hay poco más que decir porque lo que es evidente no necesita muchas más explicaciones", añadió.
Para Sánchez, ésta fue "la interpretación general y no cabe otra, o puede caber, pero es extraño que quepa". Desde su punto de vista, el razonamiento de la Administración y del juez es una distorsión "de la ley y constituye un recorte derechos y de libertades, desde nuestro punto de vista, inadmisible".
