La Federación anuncia movilizaciones si las autoridades no evitan la destrucción del enterramiento
OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La denuncia penal de la Fosa de Llaranes presentada por la Federación asturiana Memoria y República (Famyr) ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Avilés, que considera que dichos crímenes y enterramientos son un tema "administrativo" y no penal. La resolución judicial les remite, según informó la Federación en una nota de prensa, a acudir a las autoridades municipales y autonómicas, a quienes considera "competentes" para este caso.
Famyr no comparte esta resolución y lamenta la existencia de un clima judicial "muy adverso para los jueces que quieran tener sensibilidad con las victimas del Franquismo, tras el procesamiento del Juez Garzón, y dentro de los límites de una Ley de Memoria Histórica insuficiente, que no estableció el carácter obligatorio de la intervención judicial para el levantamiento y protección de las fosas".
Asimismo, valora, con sus asesores legales, la posibilidad de recurrir este auto judicial, que considera "un grave precedente". En este sentido, considera que "ante el menor indicio de existencia de un cadáver enterrado ilegalmente deben ser los jueces quienes intervengan e investiguen" e indica que lo demás es "una clara negligencia que genera indefensión en las victimas de cualquier crimen", y, especialmente en las del Franquismo.
Por otra parte, informan de que ante la negativa de intervención de las autoridades judiciales y del Delegado del Gobierno, han vuelto a solicitar una reunión al viceconsejero de Vivienda y Bienestar Social, Ángel González, responsable de asuntos de la memoria, "sin que por el momento se halla producido la misma, aparentemente por motivos de agenda".
Los integrantes de este colectivo muestran preocupación ante "la lentitud y falta de voluntad política de intervención en este tema del Gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Avilés". A su juicio, dicha actitud va en consonancia a "la misma tibieza con que se aprobó una insuficiente Ley de Memoria Histórica".
Por último, la Federación anuncia movilizaciones en las próximas semanas "si no se toman medidas efectivas por las autoridades, tanto para evitar la destrucción de dicha fosa por parte de las obras del PEPA, como para lograr una exhumación, en debidas condiciones de acuerdo con los protocolos de Naciones Unidas".
La Federación interpuso el pasado 31 de marzo ante el juzgado de guardia de Avilés una denuncia penal por un "delito de crímenes contra la humanidad", una semana después de haber solicitado a diferentes instituciones, así como a la propia UTE de empresas encargada de las obras, la paralización de los trabajos para construir una carretera de acceso al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), al encontrarse "una fosa de republicanos asesinados durante la represión franquista".
