Foto: EUROPA PRESS
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OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Gijón aún tiene que decidir si el Ayuntamiento de Gijón compensa a Tascón Hermanos con 3,2 millones por el Hotel La Llorea. A pesar de que recientemente en Junta de Gobierno, los representantes municipales afirmaron dar por resuelto el contrato y dijeron que no iban a pagar nada, el proceso judicial está abierto y el juez podría obligarles a efectuar ese pago, según ha explicado a Europa Press uno de los abogados de Tascón Hermanos, Ignacio Blanco Urizar.
Fue en el año 2000 cuando el Ayuntamiento contrató a la empresa para la adecuación y explotación del edificio situado en el campo municipal de La Llorea para su destino a hotel. Tascón Hermanos, sin embargo, se declaró en concurso de acreedores en 2012. La compañía solicitó al consistorio la resolución del contrato, el pasado 26 de marzo de 2013 y el pago de esos 3.186.971,48 euros, como importe correspondiente a la obra e instalaciones ejecutadas, que no fueron amortizadas en La Llorea.
"Pero a causa de la pasividad del Ayuntamiento, que devino en silencio administrativo negativo, se vió obligada a presentar la demanda contencioso administrativa, que a día de hoy está pendiente de sentencia", explica el abogado.
Desde el Ayuntamiento de Gijón no se ha querido pagar argumentando que el cese de la actividad, con la declaración de ese concurso de acreedores, no es imputable al consistorio y que la concesión era "a riesgo y ventura" de la concesionaria. El asunto ha acabado en los tribunales, pendiente de la resolución de un juez.
Si bien, aclara Blanco Urizar, que el concurso no es en ningún caso causa de resolución imputable al concesionario y que este se produjo antes del cese de actividad en el Hotel de La Llorea, que asumió el riesgo y ventura de las pérdidas del negocio.
"Al ayuntamiento no se le piden las pérdidas del negocio, que ya ha asumido el empresario, como trata de trasladar públicamente, se le traslada que recibiendo el inmueble en perfecto uso más de 30 años antes del fin de la concesión abone al concesionario, la inversión en el inmueble que no se ha podido recuperar por esta reversión anticipada", ha indicado.
Tan es así, ha añadido, que el riesgo y ventura fue asumido por la empresa, que construyó el inmueble por algo más de 6 millones y solicita ahora la resolución con compensación de 3,2 millones porque el resto ya ha sido amortizado.
"Las pérdidas del negocio, incluida la amortización del inmuebles las soportó la empresa y no el Ayuntamiento y es la empresa la que soporta hoy las deudas impagadas derivadas del concurso, incluidos los trabajadores de la misma, que sólo podrán verse satisfechos si el Ayuntamiento atiende la reclamación realizada", ha manifestado.
OTRO EXPEDIENTE
Según Ignacio Blanco Urizar, lo que ha sucedido es que el Ayuntamiento no respondió a la solicitud de Tascón Hermanos para resolver el contrato e inició un procedimiento administrativo nuevo para resolverlo, posterior a todas las reclamaciones de la empresa, pretendiendo ahora una diligencia que no ha mostrado desde hace más de dos años cuando se le informó por primera vez de los problemas de la empresa y pretendiendo un "enriquecimiento injusto" a costa del concesionario.
El abogado apela al artículo 169 del texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas que señala, en relación a la resolución de los contratos, que la Administración "abonará, en todo caso, al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por este, hayan de pasar a propiedad de aquella, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión". Este punto es aplicable a La Llorea, según su representación jurídica, a la que restaban más de 30 años para la reversión.
Solo en ese momento, fin de la concesión, pasaría a manos del Ayuntamiento sin compensación porque todo estaría amortizado, pero no si tal reversión se produce antes, en cuyo caso se compensará por el importe de la inversión no amortizada. Así un inmueble cuyo coste de construcción se aproximó a los 6 millones, y con un valor de mercado actual de 5 millones, se revertiría al Ayuntamiento por 3,2 millones que es la parte no amortizada del mismo, ha indicado.
"El Ayuntamiento va a recuperar un bien, listo para ser explotado, con unas obras que tienen un valor al día de hoy de más de cinco millones y medio de euros", sostienen desde la empresa en su escrito de conclusiones. Lo que se solicita desde Tascón Hermanos es el valor neto contable, es decir, el coste de la inversión realizada restándole las amortizaciones, no una indemnización de daños y perjuicios.
Blanco Urizar ha señalado que fue el 5 de noviembre de 2012 cuando se informó al consistorio de la presentación del concurso de acreedores, poniéndose a su disposición para aclarar cualquier cuestión. Sin embargo, nunca hubo respuesta desde el Ayuntamiento, actuó como si el inmueble fuera de otro y no un bien suyo. Tampoco en diciembre, cuando se declaró en concurso. "El Ayuntamiento fue repetidamente citado y convocado a diversas reuniones en el concurso, se le citó para hacer inventario del inmueble por la administración concursal, incluso a una reunión con el magistrado, y no acudió nunca", sostiene Blanco Urizar.
También guardó silencio el consistorio, ha añadido, cuando en el proceso concursal se incluyó dentro del activo la cantidad de 3,2 millones que ahora se reclama. Ahora, después de dos años, el Ayuntamiento habría iniciado su propio expediente para resolver el contrato, obviando todas las reclamaciones de Tascón Hermanos, apunta Blanco Urizar. "Pudo resolver cuando se le pidió y trata de hacerlo ahora", ha zanjado.
