La acusada pidió un receso de cinco minutos para "tomar medicación prescrita"
OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La abogada avilesina, Ana María R. F., para la que Fiscalia solicita diez años de prisión ha comenzado este martes a prestar declaración en la Audiencia. El estado de nerviosismo de la procesada, que tras un receso se ha sumido en el llanto, ha obligado a la Magistrada, Covadonga Sánchez, a suspender la sesión hasta este miércoles a las 10.15 horas.
Así pues, la procesada seguirá este miércoles respondiendo a las preguntas de Fiscalía que le acusa de un delito de estafa al quedarse supuestamente con el dinero de numerosos clientes.
Su declaración hasta la suspensión del juicio ha estado marcada por las constantes llamadas de atención de la Magistrada, Covadonga Vazquez, tanto a la acusada como a su abogado defensor, Marcelino Tamargo. En un momento del interrogatorio de la Fiscal la procesada llegó a pedir un receso de cinco minutos para tomar "una medicación que tiene pautada".
Tras ese receso la abogada acusada ha seguido respondiendo entre lágrimas y se ha sumido en un llanto, lo que ha obligado a suspender la sesión por hoy.
La procesada ha contestado al Ministerio fiscal que le ha ido preguntando a la acusada por cada uno de los casos de los supuestos clientes estafados, no solo particulares sino también aseguradoras. Ha manifestado en todo momento que las cantidades cobradas a los clientes eran a través de facturas para la sociedad a la que pertencía y no a su nombre.
La acusada ha narrado con todo detalle los trabajos desarrollados para los clientes que ahora se presentan como acusación y ha indicado que las cantidades que recibían eran "a cuenta de honorarios". También ha reconocido que en una ocasión solicitó a un cliente un anticipo a cuenta de 53.000 euros "porque estaba en un momento muy complicado".
También ha explicado que se dio de baja del Colegio de Abogados en julio de 2013, ya que fue en esa fecha cuando se produjo su primer ingreso en psiquiatría. Si bien ha indicado que antes de 2013, sin haber estado ingresada, si tuvo diagnóstico psiquiátrico, siendo en 2011 cuando se le diagnostica "trastorno disociativo de la personalidad" que le obligó a someterse a tratamiento farmacológico.
SU DEFENSA PIDE LA LIBRE ABSOLUCIÓN
Antes de iniciarse la vista la defensa, ejercida por Marcelino Tamargo, ya había asegurado que pedirá la libre absolución de todas las acusaciones, excepto en alguna en la que pudo haber negligencia debido a su estado de salud mental.
Así, según el letrado defensor, la procesada padece un trastorno agudo de la personalidad que le llevó a arrojarse desde la ventana de su antiguo despacho. El letrado anunció además querellas, una de ellas por apropiación indebida, contra el ex compañero profesional y sentimental de la abogada, al que también achaca responsabilidad por culpa "in vigilando".
Algunas de las denuncias se interpusieron a instancias de terceros
que claramente intentan desligarse de sus responsabilidades
echando la carga de la culpa sobre la abogada avilesina.
ESCRITO DE FISCALÍA
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado un total de diez años de prisión e indemnizaciones por más de un millón de euros para una abogada acusada de apoderarse de dinero de más de una treintena de clientes. La vista oral está señalada para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.
La acusada, letrada del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Oviedo, constituyó junto a otros dos letrados en 2005 una sociedad limitada profesional. Según ha informado Fiscalía en nota de prensa, en enero de 2012, y tras la marcha de uno de ellos, la acusada fue designada administradora única de la sociedad resultante, en cuyo ámbito venía desarrollando su actividad profesional.
Entre los años 2001 y 2013 la acusada se comprometió a desarrollar las gestiones encargadas por un número elevado de clientes que acudieron a su despacho y le confiaron la defensa de sus intereses en distintas materias por su condición de letrada.
De este modo, a sabiendas del quebranto de la lealtad y diligencia esperada, sin llevar a cabo las actuaciones encomendadas, hizo suyas las cantidades que le fueron satisfechas por aquellos, así como otras efectuadas por terceros para entregar a sus clientes.
Además, en algunos casos, confeccionó documentos oficiales y manipuló resoluciones judiciales que tenía en su despacho pertenecientes a otros procedimientos judiciales y que entregó a sus clientes para evitar ser descubierta, creándoles así expectativas infundadas sobre sus pretensiones y generándoles perjuicios manifiestos derivados de la absoluta manipulación de la información que les había suministrado, dificultando o impidiendo el ejercicio de sus acciones judiciales.
La Fiscalía le atribuye un delito continuado de deslealtad profesional, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental. Además de los diez años de prisión, se solicita inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía y el pago de indemnizaciones a los perjudicados por casi 1,3 millones de euros.
