OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este viernes, día 15 de octubre de 2010, una declaración institucional con motivo del 17 de Octubre, Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión Social a propuesta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias que agrupa a veintiuna entidades de acción social.
La Junta General del Principado de Asturias constata que la actual crisis económica no solamente ha incrementado las tasas de desempleo, sino que está teniendo como principal consecuencia un aumento de la pobreza. Esto se traduce en el deterioro de las condiciones de vida de muchas personas que ya se encontraban en situación de exclusión y en la aparición de fenómenos de precarización social que afectan a nuevos grupos de población, situándoles en posición de vulnerabilidad.
La declaración apunta que a pesar de los quince años de altas tasas de crecimiento económico que hemos tenido en el marco de la UE, no solamente no se han reducido las tasas de pobreza, tanto la relativa como la severa, sino que además se han ampliado las desigualdades.
Por ello, el Parlamento de Asturias recuerda que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social no solamente deterioran la calidad de la democracia, sino que ponen en cuestión los valores y principios que la inspiran. Por tanto, es necesario contar con una protección social adecuada que garantice el bienestar y la dignidad de todas las personas.
La Junta General del Principado quiere poner de manifiesto que es obligación de los poderes públicos garantizar de modo efectivo los derechos fundamentales a todas las personas. Entre esos derechos se incluye tener una vida digna, lo cual requiere contar con ingresos y servicios suficientes para poder vivir adecuadamente y una protección social que permita tener una expectativa adecuada de vida y la capacidad de tomar decisiones de modo libre y autónomo.
La desigualdad se ha convertido en la principal característica de una economía inestable e insostenible a nivel global. El desarrollo económico solamente tiene sentido si está al servicio del bienestar de las personas. Por eso, es imprescindible crecer de modo más justo, buscando el bienestar que incluya factores económicos, políticos, sociales y medioambientales en los que se ponga la prioridad, no sólo en el nivel de la renta de los países sino en la distribución de ésta; así como en la actividad fuera de mercado y en los aspectos no económicos como la educación, la salud, la calidad de la democracia, la seguridad o el medioambiente.
Según la declaración Institucional de la Junta General, el papel del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) está siendo muy importante para contener los aspectos más negativos de la crisis sobre los grupos más vulnerables. Las entidades sociales pueden desempeñar un papel esencial, y complementar a la respuesta pública, tanto en el mantenimiento y desarrollo de la cohesión social, como en una recuperación sostenible, siempre que se aprovechen adecuadamente sus potencialidades y valor añadido.
Por estas razones, la Junta General del Principado considera la importancia de adoptar un Pacto por la Inclusión Social para la próxima década, en el que se comprometa el conjunto de administraciones y se implique activamente a los actores sociales, en especial al Tercer Sector, reforzando así su papel de agente social.
Este Pacto ha de ser liderado por la Administración y requiere un amplio nivel de consenso social y político. Se debe perseguir, como objetivo fundamental, la consecución de otro modelo de desarrollo, en el que se inviertan las tendencias estructurales generadoras de exclusión social.
Que en el marco de la Estrategia Unión Europea 2020 se desarrollen Planes de Inclusión Social tanto en el nivel nacional, como en el autonómico y local. Estos planes han de representar una mejora sustancial respecto a los desarrollados en esta década, de modo que cuenten con objetivos claros, recursos y presupuestos económicos adecuados, sistemas de información, seguimiento pertinente; teniendo en cuenta las necesidades y características de cada territorio y una adecuada implicación de las organizaciones sociales.
Que se hagan efectivos, garanticen y profundicen los derechos sociales para todas las personas, reconocidos, tanto en el Tratado de la Unión Europea, como en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía.
Y que en el marco del Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, es necesario un compromiso público que se traduzca en una voluntad clara y decidida de las instituciones para erradicar la pobreza en la próxima década, al menos en sus formas extremas, así como para conseguir una reducción sustancial de las desigualdades, la precariedad y la vulnerabilidad, haciendo del desarrollo y bienestar de las personas el objetivo fundamental de las políticas económicas.
