GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El jurado popular declaró hoy culpable de un delito de asesinato, por ocho votos contra uno, al acusado de matar a un hombre en Porceyo el 17 de marzo de 2007 a causa de unas rencillas vecinales, Argimiro S.F., de 75 años. El magistrado ponente de la Sala Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, Francisco Pellicer, dejo visto el caso para sentencia.
En cuanto a las deliberaciones del jurado, que estuvo reunido desde las 14.20 horas hasta aproximadamente las 20.00 horas, el tribunal popular no aprecia circunstancias modificativas que puedan aplicarse al acusado. Asimismo, se basa en la segunda declaración hecha por el propio imputado a la Policía, en la que confesó el crimen y en la que ofreció detalles del mismo que sólo el autor podía conocer.
También destaca el jurado la declaración de uno de los testigos, quien aseguró haber visto al imputado a las 11.50 horas de ese día realizando labores en la finca de su propiedad. Además, dan por válida la prueba pericial de los médicos forenses del juzgado, por ser "objetiva y no influenciada", y que además coincide con la declaración en la que confesó el acusado el crimen.
El jurado también valora el informe de los psicólogos del juzgado que evaluaron al acusado al poco tiempo del asesinato, frente al de los de la defensa, que fue un año más tarde. Por otro lado, el jurado encontró contradicciones en la declaración de la mujer y el hijo del imputado. Asimismo, el jurado, por nueve votos a cero, se mostró en contra del indulto. También lo hizo en contra de la remisión de la condena.
Tras el veredicto popular, la Fiscalía solicitó 19 años de prisión y una indemnización de 60.000 euros para cada una de las hijas del fallecido. También se mostró en contra de la suspensión de la condena y pidió la prórroga de la prisión provisional, al expirar los dos años el próximo 20 de marzo. Por su parte, el abogado de la acusación particular, Sergio Herrero, solicitó igualmente 19 años y pidió la prórroga de la prisión provisional hasta la mitad de la pena que dicte el magistrado.
En cuanto a la defensa, que pedía la libre absolución en el inicio del juicio, solicitó que se le aplique la pena mínima, 15 años, y que la responsabilidad civil sea menor a la solicitada al considerarla "excesiva". "Es pedir por pedir", dijo el letrado Lorenzo Álvarez antes de añadir que el único vínculo que les une es el paterno filial. El abogado indicó que además las hijas son mayores de 25 años y que quedo patente en el juicio las enemistades que tenían con su padre.
En este sentido, hizo una comparación con las indemnizaciones en caso de accidente de tráfico y apuntó que las solicitadas a su cliente eran "notoriamente desproporcionadas e injustificadas". Por este motivo, pidió unas cifras más "atemperadas" y basadas en unos criterios. Además, solicitó que, una vez expirado el plazo de la prisión provisional, su cliente fuera puesto en libertad hasta que se dicte sentencia. Según él, no hay "ninguna razón" para que siga en la cárcel.
Durante el proceso el acusado declaró que se auto inculpó después de ser agredido y amenazado por la Policía. El acusado negó haber matado a nadie y aseguró que no se acordaba de nada de lo que pasó ese día porque adujo que sufría demencia senil.
La versión de las amenazas por parte de la Policía fue ratificada por su mujer y por su hijo que declararon hoy en la sala. Por su parte, el hijo de ambos, que estuvo también dos días detenido por este asunto junto a su padre, manifestó que la Policía le hizo firmar una declaración que él nunca dijo. Por su lado, la ex mujer del fallecido declaró en el juicio, entre lágrimas, que su ex marido "tenía mucho miedo de su vecino".
Frente a las acusaciones del procesado, el instructor y el secretario de la Policía Nacional del caso del crimen de Porceyo (Gijón) negaron ante el juez haber agredido o coaccionado al acusado. Los policías declararon que Argimiro S. F ofreció detalles que sólo conocían los médicos forenses. "Describió hasta el lugar exacto en el que el fallecido tenía las dos puñaladas", añadió el testigo.
El acusado fue detenido en marzo de 2007, cuando se halló el cuerpo sin vida de la víctima, Arcadio Álvarez, dueño de la finca colindante a la del imputado. A día de hoy el arma utilizada no fue localizada por la Policía. Un vecino fue el que halló el cuerpo, tumbado en el suelo y ensangrentado, tras lo que alertó a los servicios de emergencia sobre las 13.20 horas. El fallecido murió de dos puñaladas, una en el corazón. El cadáver fue encontrado cerca del vehículo de la víctima, con el motor en marcha y con la puerta del conductor abierta.
