4 de abril de 2020
16 de junio de 2014

Justicia indultó al guardia civil con el aval del fiscal, de la Audiencia y de la víctima del abuso sexual

MADRID/OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Justicia tuvo en cuenta, en la concesión del indulto al guardia civil que grabó un abuso sexual y se mofó de ello, los informes favorables de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, así como la opinión de la víctima, quien declaró por escrito que no se oponía a la medida de gracia.

   Según han informado a Europa Press fuentes de Justicia, el departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón valoró estas circunstancias y además desconocía que el indultado fuera hijo del concejal del PP en Lena (Asturias) José Manuel Arbesú Santamaría.

   El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado ocho nuevos indultos, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo, entre ellos el de un agente del Instituto Armado que había sido inhabilitado en 2013 por mofarse de un abuso sexual mientras la grababa con el móvil. El Gobierno apreció razones de justicia y equidad.

SE RIÓ DEL ABUSO Y HUYÓ DE LOS AGENTES

   La Sección octava de la Audienica Provincial de Asturias declaró probado que en la mañana del 11 de junio de 2011 el indultado viajaba con en el tren con destino a Oviedo y se sentó con su amigo junto a la víctima.

   Su amigo comenzó a dirigir frases soeces y malsonantes a la chica, a la que tocó la entrepierna por encima del pantalón. La mujer intentó evitarlo, abandonando el lugar, mientras que otro viajero intervino para poner fin al comportamiento del agresor, que le golpeó.

   Durante los hechos, el guardia civil estuvo "riéndose permanentemente", sin intervenir en ningún momento, llegando incluso a grabar en su teléfono móvil las palabras que su acompañante dirigía a la víctima y a huir en dos ocasiones de los agentes de autoridad comisionados para investigar el suceso.

   La Audiencia de Asturias consideró a Manuel Arbesú culpable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y le condenó a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis meses.

   El Gobierno le conmutó la pena de inhabilitación por seis meses de multa, a satisfacer en cuotas diarias de tres euros con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto.