17 de octubre de 2019
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  • 28 de octubre de 2014

    La ley de Transporte contempla la obligatoriedad de crear planes de movilidad para municipios de más de 20.000 habitante

    Belén Fernández: "Hemos tenido en cuenta a todos los agentes implicados"

       OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

       La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medioambiente, Belén Fernández, ha comparecido este martes en la Junta General para presentar el Proyecto de Ley de Transporte y Movilidad Sostenible. Durante su intervención, ha destacado la obligación que tendrán los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de poner en marcha un plan de movilidad sostenible que sea acorde con el que se desarrollará a nivel regional.

       Este punto ha sido criticado tanto por el grupo parlamentario del PP como por UPyD, que han defendido que se traslade la obligación solamente a los municipios con más de 50.000 habitantes por el coste que supondría a las corporaciones locales articular dicho plan. La dirigente socialista, por su parte, ha asegurado que la aplicación de la ley "no tiene por qué comportar gastos adicionales" para los municipios, "más allá de lo que se contemple en los planes de movilidad".

       El proyecto de ley nace, según la consejera, con "vocación de convertirse en una ley integral que apueste por la intermodalidad y la accesibilidad universal". Para ello, ha subrayado que se han tenido en cuenta las alegaciones de todos los sectores implicados, tratando de alcanzar "el máximo consenso posible dentro de lo razonable" y supeditando el consenso al interés general.

       Respecto al consenso al que la consejera hizo alusión, el portavoz del PP en la comisión, Matías Rodríguez Feito, ha estimado insuficiente el acuerdo ya que, en su opinión, "da la sensación de que no se han tenido en cuenta la práctica mayoría de las alegaciones presentadas". En este aspecto la consejera ha defendido que "es imposible atender a todas las reivindicaciones de todos los sectores".

       Así, ha defendido que este texto es "oportuno y necesario" aunque "mejorable". El proyecto pretende "profundizar" en las peculiaridades del sistema de transportes en Asturias ante la proliferación del uso de vehículos y busca favorecer la intermodalidad entre los distintos medios de transporte, reducir el uso de vehículos privados y mejorar la accesibilidad, en un servicio que registra unos 50 millones de desplazamientos al año.

       La ley, según los grupos de la oposición, necesita mejorarse en el trámite parlamentario. Aunque tanto PP como UPyD y Foro han celebrado que se articule esta ley, coinciden en asegurar que debe ser un texto accesible para todos, adaptado a la región, mejorable y a la altura de las necesidades de Asturias. Además, la portavoz del grupo parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Cristina Coto, ha criticado que es una ley "inconcreta" en aspectos como la financiación y la intermodalidad. Por ello ha considerado necesario "hacer un esfuerzo" por que se mejoren estos aspectos.

    TRANSPORTE ESCOLAR

       Sobre los conflictos generados durante estas semanas en torno al transporte escolar, a raíz de la petición de tres familias de que se acercara el servicio a sus domicilios, la consejera ha defendido el servicio, garantizando que todos los alumnos que viven a más de 1,5 kilómetros de su centro escolar, tienen habilitado el transporte hasta el centro.

       Para el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, el servicio actual es "inflexible" y debería adaptarse a "determinados casos" que, por la orografía, tienen mayores dificultades para acceder a los colegios. Debe corregirse esta situación según el diputado porque "no solo se trata de un derecho de movilidad sino del derecho esencial de la educación".

       La consejería ha defendido en este punto que "no se puede desviar por una sola persona" el itinerario de una ruta de transporte escolar, cuando hay 15.000 alumnos que se valen del servicio. Sería un servicio "ingestionable" para Fomento. Así, han defendido que "entienden" que todas las familias quieran la parada del autobús más cerca de su casa, pero la responsabilidad de los padres de acercar a sus hijos a la parada de autobús "no se puede trasladar a la administración", según la consejería.

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