GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El acusado de matar al soldado gijonés Iván Castiello en el Acuartelamiento de Jaca, Dioscar Alfonso Gutiérrez, era consciente de lo que hacía, según nueve de los 12 soldados que declararon en el juicio con jurado popular que se está celebrando por estos hechos en la Audiencia Provincial de Huesca, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Asimismo, los 12 han reconocido que el acusado había bebido alcohol esa noche, pero nueve indicaron que no parecía muy borracho como para no darse cuenta de la agresión. De los otros tres, dos indicaron que sí estaba demasiado bebido y un tercero cambió la versión dada en la fase de instrucción.
Este último acabó reconociendo la amistad con el acusado cuando se le preguntó si no era verdad que intentó ayudarle para que no le localizara la Policía en el incidente previo al asesinato que tuvo en un pub, dándole su cazadora. De hecho, la acusación particular se reserva el poder imputarle de un delito de falso testimonio.
Durante la declaración de los soldados, ha quedado patente también el carácter "violento" del procesado, el cual había pegado a una soldado en un pub antes de la muerte de Castiello. También, los testigos presenciales del asesinato han declarado que el imputado estuvo provocando al gijonés y que después de apuñalarle le siguió golpeándole en el suelo.
El juicio continuará este miércoles con la declaración de los policías que arrestaron al acusado y es probable que se prolongue hasta el próximo viernes. En la primera sesión del mismo, el imputado aseguró que no recordaba "nada de esa noche" y que fue "como un sueño borroso", así como que ingirió mucho alcohol y que despertó en el calabozo.
DE 10 A 15 AÑOS DE PRISIÓN
Por estos hechos, ocurridos el 11 de diciembre de 2009, el Ministerio Fiscal solicita una condena de 10 años de prisión y una indemnización de 53.000 euros para los hermanos del fallecido natural de Gijón. Tipifica el delito como homicidio con la atenuante de actuar movido por el consumo de alcohol.
La acusación particular, por su parte, pide 15 años de prisión, al entender que la bebida no debe considerarse una "patente de corso" y 200.000 euros de indemnización.
Además, ambas acusaciones han solicitado que el Ministerio de Defensa sea declarado responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones, ya que en el momento de producirse los hechos existía un expediente de expulsión en trámite del procesado por un delito penal previo.
Por su parte, la defensa ha incidido en la gran cantidad de testigos que vieron bebido a su cliente el día en que ocurrieron los hechos para argumentar que no fue consciente de lo sucedido ni tuvo la intención de causar la muerte de la víctima.
