El Gobierno respalda el proceder de Álvarez, al tiempo que elogia "su compromiso con la mejora del servicio público"
OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha recurrido la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas que le obliga a depositar una fianza de 23.000 euros.
El origen de la decisión del tribunal está en una inspección instada por la propia Melania Álvarez en 2018, cuando era directora general de Participación Ciudadana, "por entender que se estaban abonando facturas demasiado altas por la preparación y edición del Boletín Oficial del Principado (Bopa)", han señalado desde el Ejecutivo a través de nota de prensa.
"Para la preparación de la edición del Bopa se celebra desde hace años un contrato de servicios. Es una empresa externa a la Administración la que asume esa tarea. El pliego correspondiente precisa los criterios de facturación", han indicado desde el Principado.
En este caso, señalaba que el abono debía realizarse en función de los caracteres de cada página. Sin embargo, las verificaciones realizadas por la Inspección General de Servicios -a instancias de Melania Álvarez- concluyeron en abril de 2019 que se estaba facturando por páginas (por media de caracteres).
Esta práctica conllevaba un aumento del precio, ya que muchas páginas no incluyen todos los caracteres posibles (por ejemplo, cuando una disposición es muy breve). Este proceder se realizó en dos períodos (2010-2012 y 2015-2017) en los que la empresa adjudicataria era la misma. Cuando la labor la ejerció otra sociedad, la facturación sí se hizo correctamente.
La intervención de Melania Álvarez tuvo correlatos judiciales. La Inspección General de Servicios propuso presentar una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito y, en paralelo, comunicar los hechos al Tribunal de Cuentas para que considerase la posible existencia de responsabilidad contable por alcance. En ambas instancias la denuncia se dirigió contra el jefe de sección, responsable de comprobar la corrección de las facturas.
La vía penal siguió su camino. La Fiscalía presentó su denuncia, que se tramita en un juzgado de Oviedo. El Principado ejerce las acciones oportunas como perjudicado y le corresponde actuar como acusación particular. Aparte, se ha iniciado un proceso administrativo: el contrato con la empresa no se ha liquidado, no se han completado todos los pagos y se ha requerido a la empresa para que pague las cantidades indebidamente percibidas desde 2015. Este procedimiento de reintegro está suspendido a la espera de la resolución judicial.
Al tiempo, continuaron dándose pasos en el Tribunal de Cuentas. El consejero correspondiente del T de C dictó un auto que ordenaba que las actuaciones se refirieran al primero de los períodos (2010-2012), no al segundo.
"La razón es sencilla: respecto a 2015-2017 no se ha producido perjuicio a los fondos públicos. Se ha iniciado el proceso administrativo citado para que la empresa devuelva los pagos indebidos y está abierta una causa penal. No se podrían reintegrar las cantidades correspondientes a 2010-2012 porque habría prescrito el plazo"; han explicado.
Las actuaciones se remitieron a una delegada instructora, quien procedió a practicar las diligencias correspondientes así como la liquidación provisional. Este trámite consiste en la cuantificación inicial del daño económico a las arcas públicas y en la determinación indiciaria de las personas responsables.
"No implica responsabilidad contable ni juzga los hechos. Es sólo, como se deduce de su nombre, una medida provisional de preparación de la vista. A lo largo de todo este proceso, la Administración del Principado colaboró plenamente con el Tribunal de Cuentas", han señalado.
Por fin, el 30 de septiembre la delegada instructora concluyó la liquidación provisional. Pero, contra lo argumentado por el auto del consejero, se refiere al período 2015-2017 sobre la base de que aún no se han reintegrado al Principado los fondos abonados de más (pendientes, como se ha dicho, de un proceso administrativo).
Concretamente, la liquidación incluye a Melania Álvarez y otros cinco funcionarios con responsabilidades administrativas o económicas en el área de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en el tiempo indicado. Todas esas personas deben depositar una fianza que, en el caso de la hoy consejera, se eleva a 23.000 euros.
Melania Álvarez ha decidido recurrir esta medida cautelar ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Por su parte, el Gobierno del Principado respalda su actitud. Valora especialmente que denunciara los hechos "aunque se refirieran a momentos en los que ella tenía responsabilidades de gestión".
Tal conducta es una prueba de compromiso y determinación con la mejora del servicio público. Respecto a los funcionarios incluidos en la liquidación provisional no se estima oportuno incoar procedimiento disciplinario alguno, teniendo en cuenta el auto del consejero del Tribunal de Cuentas y el carácter eminentemente provisional e indiciario de la liquidación", han sentenciado
