OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La abogada especialista en protección de los derechos de los menores Patricia Fernández ha lamentado este miércoles la "lentitud" de la justicia española y ha dicho que es un mal que "impacta directamente" sobre los niños que se ven envuelto en algún problema de tipo legal.
Fernández, colegiada en Madrid, ha impartido el módulo formativo 'El interés superior del menor y la protección adecuada de sus derechos en los procedimientos judiciales' en el Colegio de Abogados de Oviedo.
A preguntas de Europa Press, ha señalado que esa lentitud, derivada en muchas ocasiones de la falta de recursos materiales y humanos afecta por ejemplo a los niños en los procedimientos de familia, donde los equipos están "desbordados".
"Se dilatan mucho los expedientes para emitir un informe psicosocial que pueda oriental al juez o fiscal en sus medidas", ha explicado.
También se ha referido al caso de los niños acusados de cometer delitos y que tienen que cumplir una serie de medidas. La falta de recursos, ha explicado, afecta al cumplimiento de esas medidas. "Cuantos mejores recursos tengamos, mas oportunidades tendrán esos niños de integrarse en la sociedad", ha indicado.
"Cuando la justicia llega tarde, para nadie es justicia, pero para un niño mucho menos", ha indicado, insistiendo en que hoy en día es "muy lenta".
DESAHUCIOS
En su conferencia, Fernández ha incidido en la responsabilidad de los abogados a la hora de defender a los niños en diferentes procedimientos judiciales, también en los casos de desahucios, donde puede hacerse valer el principio del interés superior de los niños ante otros intereses, como el de la propiedad o el de la posesión. Ha recordado que en España un tercio de los niños están en riesgo de pobreza o de exclusión social. "Todo lo que es pobreza es falta de derechos", ha indicado.
Preguntada por la ley aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para acelerar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda en determinados supuestos, Fernández ha explicado que va a endurecer el actual marco.
"Las familias que estén ocupando ilegalmente una vivienda van a tener más dificultades para hacer valer sus derechos y los de sus hijos", ha señalado. Por eso, ha indicado la importancia de respetar derechos de los menores. Por ejemplo, un desahucio puede afectar a su escolarización y puede por ello ser más conveniente retrasarlo.
Ha dicho que no se debe utilizar a los niños como excusa sobre la que parapetarse para efectuar ocupaciones ilegales, pero ha añadido que lo que es cierto es que "los niños se quedan sin vivienda".
En este sentido, ha apostado por arbitrar medidas ante esa problemática, como el Comité de Derechos Sociales y Políticos de Madrid que ha ordenado paralizar varios desahucios porque no se garantizaba el derecho de los niños a la vivienda. "En esa línea hay que trabajar, en buscar alternativas", ha dicho.
