La Consejera respalda que "cualquier mejora salarial de los empleados públicos" deba ir ligada obligatoriamente a mejoras de servicios
La Consejera defiende una ley "flexible" que consiga "administración ágil y eficaz" y que "contenga una previsión de satisfacción para el trabajador"
OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno asturiano llevará a la Junta General del Principado antes de que finalice este año la nueva ley de Función Pública que afectará a los casi 35.000 funcionarios que entonces integrarán la plantilla de la Administración autonómica. La nueva ley, que sustituirá a la aprobada en 1985, supondrá "la modernización" de la administración pública del Principado con el objetivo, entre otros, de "mejorar su funcionamiento y hacerlo más ágil". Así lo explicó la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, en una entrevista concedida a Europa Press.
La reforma que planea el Gobierno supondrá extender la carrera profesional a toda la Administración y vincularla a la consecución de objetivos. Para la Consejera, "cualquier mejora retributiva" a los trabajadores públicos "deberá ir ligada obligatoriamente a mejoras en la atención a los usuarios".
La Consejera defendió la necesidad de una nueva ley de función pública ante el incremento tanto en competencias como en personal que registró el Principado en los últimos veinte años. "Ahora más que nunca se hace necesario desarrollar esa ley que queremos llevar al Parlamento a finales de 2008 al tenerla ya bastante avanzada".
Migoya expresó el deseo del Gobierno de que "sea una ley flexible en el sentido de que haga una administración ágil y eficaz, que de garantías de que se están gestionando bien los servicios públicos y a la vez que contenga una previsión de satisfacción para el empleado público". Insistió en que el Principado debe tener "una legislación moderna adaptada a la legislación del Estado".
Recordó que una de las grandes novedades de la ley es la concreción de la carrera profesional para todos los empleados públicos y aseguró que 23.000 funcionarios del Principado ya "han dicho que si" a su aplicación "al ser una decisión personal".
En este sentido, defendió la aplicación de esta figura por entender que "es un concepto nuevo" que sustituye a otros como "la antigüedad" y fija "la consecución de unos objetivos que serán evaluables". Recordó que los criterios de evaluación del personal sanitario ya están aprobados y el Gobierno trabaja ahora en la definición de otros criterios que deben aplicarse al resto de la administración y los docentes.
La Consejera considera que este planteamiento es plenamente coincidente con el que defendió recientemente el Consejero de Salud, Ramón Quirós, quien aseguró públicamente que "no habrá aumentos salariales ni cambios laborales en la sanidad asturiana si, en contrapartida, no hay una mejora clara y concreta del servicio a los ciudadanos". Quirós exigió, asimismo, un mejor rendimiento.
"Comparto absolutamente esta afirmación y considero que el Consejero de Salud es una persona muy valiente porque dice las cosas que muchos ciudadanos piensan", dijo Migoya. Recordó que en Asturias se han producido incrementos salariales importantes en los empleados públicos y sanitarios y cualquier mejora retributiva debe de ir "obligatoriamente ligada a mejoras en la atención a pacientes y usuarios".
Migoya insistió en que "desde el punto de vista de un servicio público que se paga con muchísimos recursos, porque el servicio de salud consume una parte importantísima del presupuesto, es justo que eso se apliquen a una prestación de calidad y nosotros somos los responsables". Para la Portavoz del Gobierno, el Consejero de Salud plantea "un escenario realista y muy sincero".
Al ser preguntada por la posibilidad de una flexibilización de los horarios de los trabajadores de la Administración, la Consejera distinguió entre los servicios asistenciales del resto de servicios administrativos. "Todo lo que tenga que ver con la atención a las personas tiene que tener y dar un servicio de calidad haciéndolo compatibles con las legítimas aspiraciones de los trabajadores, pero dentro de un ámbito de negociación que estamos dispuestos a abrir con lo que son las retribuciones y haciendolo compatible con una atención con horarios amplios".
TRANSFERENCIAS DE JUSTICIA.
La Consejera se refirió también a la culminación del traspaso de competencias en materia de Justicia comprometida para el 1 de enero. La responsable regional admitió no tener fecha aunque dijo haber avanzado en las negociaciones con el Gobierno Central.
"Para nosotros lo importante ahora no es tanto cuándo sino en qué condiciones se cierren esas transferencias de cara al futuro; hemos avanzado pero todavía no tenemos una fecha definitiva", dijo la responsable regional.
Migoya admitió que existen aún algunas diferencias en cuanto al montante económico aunque insistió en que "ahora el Principado se encuentra en mejores condiciones que, por ejemplo, en abril para cerrar el traspaso".
