GIJÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un particular, Marcelino Laruelo Roa, presentó hoy una denuncia ante el Fiscal especial en materia de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, relativa a las extracciones "masivas" de áridos del fondo marino de la bahía gijonesa, con destino a los rellenos de las explanadas y muelles de las obras de ampliación de El Musel, sobre el que el magistrado juez Jesús Pino Paredes decidió dictar auto de sobreseimiento provisional y archivo.
En la denuncia, Laruelo recuerda al fiscal de Medio Ambiente la negativa del presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón a permitir la consulta del expediente del Estudio de Impacto Ambiental y posterior Declaración de Impacto Ambiental de dichas extracciones, por si dicha negativa contraviniese lo establecido en la Ley 27/2006 sobre derecho a la información y la participación en materia de medio ambiente.
Sin embargo, el denunciante afirma que la Subdirección General de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Marino y Rural, sí le autorizó a consultar dicho Estudio y Declaración de Impacto Ambiental, teniendo que trasladarse a Madrid a tal fin.
El denunciante sostiene que no se trata de un dragado para facilitar la navegación o limpiar los fondos marinos, sino de una actividad minera consistente en la extracción de áridos del fondo marino de la bahía de Gijón para su utilización como rellenos en las obras de construcción de muelles y explanadas de la ampliación del puerto de El Musel.
"Dicha actividad minera ni fue tramitada como tal ni cuenta con las pertinentes autorizaciones ni fue informada y, mucho menos, aprobada por la Demarcación de Costas de Asturias", añade Laruelo.
La citada actividad extractiva no puede tampoco, mantiene el denunciante, tramitarse y ampararse, como pretenden los directivos de la Autoridad Portuaria de Gijón, dentro de las atribuciones que le confieren la vigente Ley de Puertos y Marina Mercante, pues la citada Ley define los bienes portuarios como las aguas marítimas, terrenos, obras e instalaciones fijas de los puertos, no refiriéndose nunca al fondo marino, lo que sí hace la vigente Ley de Costas.
Y sostiene que ni en el proyecto aprobado de ampliación del puerto de El Musel ni en el correspondiente estudio de impacto ambiental y posterior declaración de impacto ambiental figuraba la explotación de los fondos de la bahía gijonesa para la obtención de los materiales de relleno necesarios para los nuevos muelles y explanadas.
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
Laruelo denuncia también que en la adjudicación de la obra de ampliación del puerto de El Musel, corresponde a la empresa adjudicataria de la misma, UTE Cabo Torres, la localización y obtención de los materiales de relleno, "pero ocurre que el promotor de la explotación de los fondos marinos de la bahía gijonesa con destino a dicho fin que aparece en toda la documentación del estudio impacto ambiental es la propia Autoridad Portuaria de Gijón y no la citada UTE Cabo Torres", asegura.
Por todo ello, Laruelo solicita al fiscal Joaquín de la Riva que, de acuerdo con las competencias que son propias de ministerio fiscal y lo establecido en la Instrucción 4/2007 sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y las secciones de Medio Ambiente de las fiscalías, investigue los hechos aquí señalados y los ya denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, procedimiento abreviado 3.071/2009, y se den los pasos procesales necesarios para su esclarecimiento y depuración, de acuerdo con la legalidad vigente y en aras de garantizar la plena efectividad de las normas dictadas en materia de protección medioambiental.
