Sostiene que el puerto gijonés no dispondrá de fondos europeos para los sobrecostes.
Ovidio Sánchez dice que el PP pedirá "responsabilidades políticas" a "gestores absolutamente nefastos"
GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El eurodiputado del PP Salvador Garriga advirtió hoy en Gijón de que España deberá negociar con la Unión Europea para que el proyecto de ampliación del puerto de El Musel reciba los 102 millones de financiación pendientes de cobro, tras haber recibido ya 145,5 millones. Según indicó en rueda de prensa, la Dirección de Política Regional "confirma el incumplimiento de España ante la directiva de contratación pública y esto puede dar lugar a un expediente de corrección financiera que implicaría la pérdida de fondos estructurales para Asturias y el conjunto de España".
Al respecto, señaló que debe ser negociada dicha corrección financiera del proyecto ante el modificado del contrato porque sino podría implicar perder la transferencia de esos 102 millones de euros pendientes, o incluso "podría haber la posibilidad de tener que devolver lo recibido", dijo aunque no quiso alertar sobre las cuantías ya percibidas. El eurodiputado apuntó que de esos 102 millones de euros, 52,5 millones se corresponden con un segundo pago intermedio que está en suspenso a causa de la denuncia presentada por Los Verdes, y 49,5 millones corresponden al saldo final.
Garriga estuvo acompañado por la presidenta del PP de Gijón y diputada en el Congreso, Pilar Fernández Pardo; y los diputados del PP en la Junta General del Principado Agustín Cuervas-Mons y Ana Barrientos. El eurodiputado recordó, también, que en el informe de la Comisión de Mercado Interior de la UE se indica que el modificado del contrato es "completamente incompatible" con la directiva europea de contratación pública.
Por ello, afirmó que el error de actuación de los responsables políticos y portuarios "tiene ya difícil solución" y apuntó que la Dirección de Política Regional "ha comunicado ya, de forma oficial u oficiosa" la denegación de la financiación para el sobrecoste y ha confirmado el incumplimiento de España de la directiva de contratación pública lo que podría dar lugar a un expediente de corrección financiera, con un plazo de respuesta para España de un mes.
"A pesar de los intentos que desde España se puedan haber hecho no hay ninguna posibilidad de que se financie ese sobrecoste", aseveró, diciendo que esto supone una "mala noticia" no solo para Gijón y Asturias sino también "para la imagen de España en la Unión Europea". "Nunca había sucedido eso", remarcó.
De este modo, sostuvo que el puerto gijonés no dispondrá de fondos europeos para los sobrecostes e incluso puede perder fondos comprometidos para la financiación de la ampliación por la "mala gestión".
Así, reprochó que se hiciera el modificado del proyecto y se presentara para recibir fondos europeos sabiendo de antemano que sería rechazado ya que "doce meses antes" se difundió una circular del Ministerio de Economía, sobre certificación de gastos derivados de modificaciones de contratos, del Feder y del Fondo de Cohesión, en la que se comunicaba que la UE consideraba "incorrecta" la regulación de las modificaciones de contratos durante su ejecución.
Garriga remarcó que "no se respetaron" las recomendaciones y España inició un "pulso político" con la UE que puede tener "consecuencias negativas para la financiación del proyecto con fondos europeos".
Por su parte, Agustín Cuervas-Mons remarcó que "nadie en el PP pretende que esta obra se paralice" e incidió en que no fue su grupo el que denunció irregularidades en los sobrecostes sino que fueron Los Verdes "socios del gobierno del PSOE", recordó en referencia tanto al Ayuntamiento de Gijón como al Gobierno del Principado. Por ello, exigió responsabilidades políticas tanto de IU-BA-Verdes por su "incoherencia" como de los gobiernos local y autonómico y especialmente del presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rechax, para quien pidió su cese.
"El Principado debe exigir a sus consejeros en la Autoridad Portuaria que den explicaciones así como a los técnicos que haya firmado el sobrecoste como causa sobrevenida, porque no lo es", remarcó. Para el diputado, en este asunto "se ha mentido desde el principio" por parte de sus responsables políticos y gestores. Así, anunció que se pedirá que los consejeros de la Autoridad Portuaria comparezcan en la Junta.
Ana Barrientos incidió en que durante todo el proceso desde 2004 se ha realizado un ejercicio de "ocultación de datos" y una tramitación "a contracorriente" de las indicaciones de la UE y el Gobierno de España. Por lo que también exigió que se asuman responsabilidades y se explique definitivamente a que se han debido los sobrecostes.
EXPLICACIONES A FOMENTO
Finalmente, Pilar Fernández Pardo dijo como portavoz del PP de Gijón y como diputada que pedirá explicaciones tanto a la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso como al ministro entrante en Fomento, José Blanco, a quien pedirá que comparezca en el Congreso para que su departamento "asuma responsabilidades".
También señaló que pedirá la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. "Gijón y Asturias necesitan que se acabe el proyecto pero también que se asuman las responsabilidades", dijo. También comentó que los eurodiputados del PP se encargarán de preguntar a la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por lo sucedido cuando coincidan con ella como eurodiputada.
Además, Fernández Pardo considera que Felgueroso "debe pedir perdón" por "no haber estado a la altura" como consejera de la Autoridad Portuaria de Gijón, y reprocha a IU que miembros de su coalición presentaran la denuncia por los sobrecostes y además sean "incoherentes" y sigan gobernando con los que acusan de responsables de esa mala gestión.
Por su parte, el presidente del PP, Ovidio Sánchez, aseguró en una rueda de prensa en Oviedo que pedirá responsabilidades políticas por la gestión del Musel. "Los asturianos no van a renunciar a obra pública porque haya gestores absolutamente nefastos", expuso el dirigente popular.
