Podría plantear un recurso de inconstitucionalidad si el Ejecutivo central hace recaer la devolución en la comunidad sin ser "responsable" de ese tributo
OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo, ha advertido este jueves en el pleno de la Junta General que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no clarifica quién tiene que asumir las competencias.
No obstante, ha comprometido ante la Cámara autonómica que el Principado liderará el proceso para garantizar la homogeneidad de la prestación de servicios públicos en todos los municipios de Asturias. Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación de la diputada de IU Marta Pulgar, que ha instado al Gobierno asturiano a trabajar en un diseño global que garantice "que se violente lo menos posible la autonomía local" y se asegure la prestación de los servicios sociales que se desarrollan en el ámbito municipal, mientras se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad de la ley.
"No cabe duda de que tenemos que liderar el proceso para garantizar homogeneidad en la prestación de los servicios públicos", ha dicho la consejera, incidiendo en que se está analizando el coste y circunstancias de los diferentes ayuntamientos en un proceso "muy complejo". "Cabe todo menos la improvisación", ha aseverado.
Además, la titular de Hacienda y Sector Público respondió a la diputada del PP Emma Ramos, que le pidió su interpretación sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido como el 'céntimo sanitario', al tiempo que remarcó que en Asturias se implantó en la época del Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces con una finalidad "meramente recaudatoria".
En la réplica, Dolores Carcedo incidió en que se trata de un impuesto "que creó y gestionó el Gobierno central" y lo cedió a las comunidades marcando un fin concreto. "Qué asuma las consecuencias", apuntó, afirmando que el Principado podría plantear un recurso de inconstitucionalidad si el Ejecutivo central hiciera recaer la devolución en la comunidad sin ser ésta "responsable" de ese tributo.
