OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha aprobado la primera instrucción técnica de control ambiental emanada del Decreto 27/2019, de Protección y Control Ambiental Industrial, por la que se fijan las condiciones mínimas de gestión exigibles a las estaciones de calidad del aire ubicadas en empresas sujetas a autorización ambiental en Asturias.
La norma afectará a once empresas, titulares de las catorce mayores industrias del Principado, a las que su autorización ambiental obliga a contar con puntos de muestreo que evalúan y cuantifican la presencia de contaminantes en la atmósfera.
Las entidades públicas que tengan estaciones de inmisión (autoridades portuarias y algún ayuntamiento) podrán acogerse también a lo dispuesto en la instrucción, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.
La nueva instrucción, que se publicará esta semana en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y entrará en vigor en tres meses, obliga a las compañías a contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de sus estaciones, así como con un registro de las operaciones de conservación de los equipos que, en caso de avería, deberán ser reparados en un plazo inferior a 48 horas. Además, aquellas empresas que tengan averiada su estación de medición de calidad del aire tendrán que sustituirla por otra cuando el problema no se pueda subsanar en el plazo citado.
Los sistemas de medición han de disponer también de herramientas de recopilación de datos en cada uno de sus analizadores, compatibles con los empleados por la Administración autonómica, a la que deberán enviarlos tanto en tiempo real, como una vez validados.
Por último, Medio Ambiente insta a las entidades sujetas a la instrucción a informar sobre cualquier incidencia y a elaborar un informe anual acerca del funcionamiento de sus estaciones.
Según el Gobierno, la instrucción técnica da cumplimiento a una de las medidas establecidas en los planes de mejora de la calidad del aire de Gijón y Avilés, que el Gobierno de Asturias aprobó en agosto de 2017. También desarrolla el decreto 27/2019, que entró en vigor el 6 de mayo, y afecta a unas 700 instalaciones industriales de la comunidad.
