OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La segunda ley de reestructuración del sector público, que afecta a la gestión de la Radiotelevisión del Principado (RTPA) saldrá adelante en el pleno de la Junta General de este jueves, con el apoyo de PSOE y PP, y entre las críticas del resto de partidos, que acusan a ambas formaciones de pretender dar uso partidista e interesado al ente de comunicación autonómico.
Será una de las cuatro leyes que previsiblemente salgan aprobadas este jueves, y que han sido incluidas en el orden del día este lunes, en la Junta de Portavoces. Las otras tres, que también cuentan con apoyos mayoritarios de unos y otros partidos, serán la de Reforma de la Función Pública, la de Modificación de la Ley de Comercio y la creación del Colegio de Educadores Sociales.
Al término de la Junta de Portavoces, Foro Asturias, IU y UPyD han vertido duras críticas contra la reforma que afecta a la RTPA, que conllevará la eliminación del actual Ente Público de Comunicación y la fusión de las otras tres sociedades -Radio del Principado, Productora de Programas y Televisión del Principado- en una única que pasará a denominarse Radio Televisión del Principado. También reducirá el número de miembros de su Consejo de Administración.
Cristina Coto, de Foro Asturias, ha criticado que la RTPA, "ha costado 160 millones de euros, ahora se transforma en una sociedad mercantil que puede ser vendida en cualquier momento". En su opinión, "lo han cocinado el PP y el PSOE para ponerla al servicio de los intereses de partido, y no no redundará en una mejor pluralidad informativa".
Para Aurelio Martín, de Izquierda Unida, se trata de un "acuerdo partidista sin ninguna voluntad de sumar a los dos grupos". "Todos queremos una tele lo más plural posible", ha mantenido, tras criticar la "intención de PP y PSOE de marginar al resto de grupos de esta cámara". Más duro ha sido Ignacio Prendes, de UPyD, para quien la nueva ley "defenderá un modelo de televisión politizado con criterios partidistas que no garantizará un servicio profesional al servicio de todos los ciudadanos, sino al servicio del PP y el PSOE".
Por su parte, Fernando Lastra, del PSOE, ha defendido esta ley porque "recoge un modelo de gestión pública para la televisión del principado que respeta en su gestión la pluralidad política representada en la Junta General". Precisamente por este motivo, niega que PP y PSOE pretendan controlar este medio de comunicación. "Los que dicen eso son los que tienen mayor interés en controlarla", ha criticado. Enma Ramos, del PP, a pesar de considerarla insuficiente, ha señalado que su partido apoyará este proyecto de ley.
FUNCIÓN PÚBLICA
La Junta aprobará también previsiblemente los otros tres proyectos de ley con desigual grado de consenso. Foro Asturias ha rechazado la Ley de Reforma de la Función Pública, al entender que se ahonda en la "politización", a través de figuras como los directores generales, que "podrán no ser funcionarios, y una figura del personal directivo que se configura como un puesto político", ha comentado Cristina Coto.
En el caso de la modificación de la ley del comercio, Izquierda Unida ha sido la que ha mostrado mayores reticencias, a pesar de ser un mandato de la Unión Europea. Aurelio Martín ha recordado que su partido no la apoyó en Europa, y que conlleva la supresión del informe estructural para implantar grandes superficies comerciales, lo que en su opinión perjudica al pequeño comerciante.
Todas las leyes, además del dictamen de la comisión de investigación sobre la gestión del centro Niemeyer, serán tratadas en la sesión matinal del pleno del jueves. Por la tarde, será tiempo para la presentación de proposiciones no de ley y preguntas al presidente. Entre ellas, estarán dos del PP sobre política educativa y sobre la situación de Sedes tras la anulación del ERE; una de Izquierda Unida para demandar al Gobierno asturiano firmeza ante el decreto de libertad de horarios comerciales en zonas turísticas; y una de UPyD demandando que se alcance una solución consensuada con la comunidad educativa y el Ayuntamiento para la polémica surgida, a raíz del anuncio de traslado del CRA de Obanca a uno de los edificios del IES Cangas del Narcea.
