OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, Ramón Quirós, pidió hoy la palabra antes de la votación del Pleno de la Cámara sobre el veto del Gobierno a unas enmiendas de IU a una proposición de ley relativa a la integración del hospital de Arriondas en el Sespa y dijo que si la iniciativa sale adelante sería una "chapuza jurídica" que sólo generará "incertidumbre" para los trabajadores del centro sanitario.
PP e IU unieron sus votos y finalmente, en contra de lo defendido por Quirós, la Cámara consideró manifiestamente infundada la disconformidad del Gobierno a la tramitación de las enmiendas presentadas a al proposición para la transformación en fundación pública de la fundación privada Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián y para la integración de la fundación y su personal en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Así, las enmiendas se dan por tramitadas y la Cámara ha dado luz verde a la tramitación de la ley.
El PSOE votó en contra, defendiendo su posición su portavoz en la Cámara, el diputado socialista Fernando Lastra. Quirós dijo que la intervención de Lastra fue la que demostró que "por lo menos, hay vida inteligente en la Cámara".
Para el dirigente regional, el Gobierno no puede callarse ante la "gravedad" de la tramitación de una proposición de ley que busca que los trabajadores del centro pasen a ser empleados públicos "por la puerta de atrás", sin someterse a las necesarias pruebas selectivas a las que debería poder presentarse cualquiera. Eso significa, a su juicio, que la Cámara legislará para "unos pocos" y en contra de la mayoría de los ciudadanos. "No se les puede hacer empleados públicos", subrayó.
Sin embargo, la diputada de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita defendió las enmiendas y señaló que nadie ha planteado que los trabajadores pasen a ser estatutarios. Dijo que las declaraciones del Gobierno sólo buscan "inquietar", "remover" y "generar incertidumbres" entre los trabajadores, ya que según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, en caso de integración, los puestos deben mantenerse. Insistió en que los ciudadanos del oriente tienen el "mismo derecho" que el resto de asturianos a contar con un hospital que ofrezca un servicio idéntico a otros centros.
Camafeita dijo que la disconformidad del Gobierno es infundada porque su argumento, de que la iniciativa va a suponer obligaciones económicas en el presupuesto vigente, "se cae por su propio peso", ya que sólo podría afectar a las cuentas del año que viene.
Con argumentos similares, el diputado del PP, Carlos Galcerán, señaló que la pretensión del Gobierno es "infundada" porque las enmiendas no causan ningún incremento de crédito y dijo que la proposición de ley es "incuestionable" desde el punto de vista legal y sanitario. "Aunque ustedes se empeñen en mantener el chiringuito, tarde o temprano el hospital quedará integrado", afirmó Galcerán.
En relación a los trabajadores, también mencionó el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y señaló que los profesionales sólo verían un cambio en su nómina: el de la entidad que les paga. Acusó al Gobierno de hacer "un discurso del miedo desde la maldad". Explicó que nadie quiere convertir a los trabajadores en funcionarios o estatutarios, que los trabajadores seguirán como están y que el cambio sería algo tan simple a los producidos cuando el Principado asume una competencia.
La intervención de Galcerán no estuvo exenta de momentos de tensión y llegó a interpelar a los miembros del Consejo de Gobierno, a los que acusó de interrumpirles mientras argumentaba. Uno de ellos fue el propio presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. "¿Qué problema tiene, señor Areces? Se lo explico luego en dos tardes", le dijo, y posteriormente se dirigió a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, para decirle que la veía "muy nerviosa".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, dijo que esta iniciativa manda a una situación de "inseguridad" e "incertidumbre" a los trabajadores. Dijo que lo que se busca es convertir en empleados laborales fijos dependientes del Principado, que es lo mismo que empleados públicos.
Frente a esa opción, Lastra explicó que el Gobierno y el PSOE quieren garantizar a los profesionales "seguridad" y "estabilidad" porque de salir adelante la iniciativa "caprichosa" pueden tener problemas. "Se está jugando con el empleo de mucha gente", advirtió.
Además, dijo que el procedimiento seguido altera el reglamento de la Junta General del Principado y que los informes jurídicos de la Cámara ha calificado las enmiendas de IU como una enmienda a la totalidad, por lo que existe base para la argumentación del Gobierno. Explicó que la disolución de la Fundación que piden las enmiendas suponen más de 361.000 euros.
Al debate de hoy asistieron trabajadores del Hospital de Arriondas, así como el presidente del patronato de la Fundación Grande Covián, José Ramón Riera.
