OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, ha defendido este jueves en el Pleno de la Junta General la continuidad del convenio singular entre el Servicio de Salud (Sespa) y Cruz Roja para la prestación del servicio de Hemodiálisis del hospital Álvarez-Buylla con la novedad de que, a partir de ahora, los pacientes podrán ser atendidos en el centro sanitario de Mieres en lugar de tener que desplazarse a Oviedo.
Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado de Foro Asturias Albano Longo, en la que hizo referencia a la "externalización" del servicio de Hemodiálisis del hospital de Mieres. "Este será el primer caso de privatización en Asturias de un servicio médico en un hospital público", ha asegurado Longo, afirmando que el consejero es "pionero" en el desmantelamiento de la sanidad pública de la comunidad.
Al respecto, la diputada del PP Victoria Delgado ha criticado el "despilfarro" del departamento dirigido por Blanco, alertando de los posibles riesgos de la fusión de áreas sanitarias; mientras que la diputada socialista Pilar Alonso ha recriminando las "mentiras" de quienes dicen que se está privatizando un servicio, cuando Cruz Roja lo presta desde los años 80.
Por su parte, la diputada de IU Noemí Martín, ha matizado que se debe diferenciar entre privatizaciones y los modelos mixtos de colaboración entre la administración y entidades sin ánimo de lucro. Por ello, ha dicho que es aceptable el traslado de personal de Cruz Roja para atender a los pacientes más cerca de su domicilio, en Mieres, mientras razones económicas no permitan la prestación directa del servicio por el Sespa.
Otro asunto que se trató esta tarde, con motivo de la interpelación de la diputada del PP Susana López Ares, ha sido la política educativa y el acceso a los materiales curriculares, respecto a la que desde el PSOE han recriminado la "osadía" y "desvergüenza" del PP al presentar este asunto ante el Pleno como una "preocupación de años", mientras sus políticas donde gobiernan dañan la gratuidad de la educación pública.
En la sesión plenaria también se abordó la política de contratación de servicios en materia de discapacidad e infancia a partir de una interpelación de la diputada de IU, Noemí Martín, a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, quien resaltó ante la Cámara la voluntad del Ejecutivo de tramitar la reforma de la Ley de Servicios Sociales del Principado para ajustar la legislación a la situación actual.
