Seis de cada diez vecinos apoyan la mina de Salave, según una encuesta

Actualizado: sábado, 27 noviembre 2010 12:22

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 61 por ciento de los vecinos de Tapia de Casariego respaldan la explotación minera de Salave por la creación de empleo estable que supondrá en la zona durante los próximos 18 años. Así lo revela una encuesta realizada este mes por la empresa Asturgold a 408 personas, de los 4.186 censados en el municipio.

De acuerdo a la misma, de entre los partidarios del proyecto, un 31,7% está claramente a favor del mismo porque lo considera como la única solución realista a la mala situación económica que atraviesa la zona y otro 29,3% lo apoya con la condición de recibir garantías concretas de que el proyecto será respetuoso con el Medio Ambiente y que los beneficios económicos y de empleo revertirán en Tapia.

A su vez, un 35,1 por ciento de los detractores están firmemente en contra, mientras que un 3,9 % podrían cambiar de opinión si se les garantiza que no va a verse afectado el ecosistema de la zona.

Según este estudio, un 62 por ciento de los encuestados opina que el concejo de Tapia se está viendo muy afectado por la crisis económica actual y que la escasez de trabajo es el problema más importante al que se enfrenta la zona y que obliga a emigrar a la gente joven hacia otras localidades.

Además, el 81,1 por ciento considera un gran problema la ausencia de un Plan Estratégico de dinamización económica del concejo, que está causando el envejecimiento de la población.

Por último, un 62% opina que el turismo es la actividad principal que actualmente sostiene la economía de Tapia. Sin embargo, el 85% cree que el turismo no fomenta un empleo estable. Al respecto, el 54,5% del total cree que la mina no va a tener un efecto negativo en la actividad turística y el 68,5% piensa que no va a depreciar el valor de las viviendas en la zona.

En cuanto a las principales preocupaciones, el 29,2% de los encuestados desea minimizar el impacto medioambiental y el 22,1 % desea que se aplique con rigor la normativa y que haya control y garantías tanto durante el tiempo que dure la explotación como a la hora de rehabilitar la zona afectada.