MADRID/OVIEDO, 15 Jul. (OTR/PRESS) -
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) pierde un total de 3.416 beneficiarios de promedio al mes en 2014, según el 'XIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia', elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que además suspende a once gobiernos autonómicos la gestión de la dependencia.
Según esta organización, las medidas de recorte adoptadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace ahora dos años, han impactado "gravemente" en el sistema de atención a la dependencia, "impidiendo el acceso" a nuevos usuarios, "desatendiendo" a quienes estaban a la espera de recibir prestaciones pese a que tenían derecho, reduciendo el número de personas atendidas y de atenciones prestadas, y poniendo "al límite de sus capacidades de provisión de servicios y de gasto" a las administraciones autonómicas.
El estudio señala que al finalizar 2011, el número de personas dependientes que figuraban como atendidas con alguna prestación o servicio ascendía a 738.587 personas, una cifra que se reduce a 736.777 atendidos a 31 de mayo de 2014, es decir, 1.810 menos. "La conclusión es obvia y dolorosa, solo se accede a recibir atenciones (prestaciones o servicios) en la medida en que se producen bajas en el sistema", alertan los autores.
Asimismo, indican que mientras en 2010, el saldo neto promedio de incorporación al sistema recibiendo atenciones arrojó una cifra de 16.217 personas al mes, dicho saldo ya se redujo a 6.724 personas/mes en 2011. Los años 2012 y 2013 presentaron incrementos netos medios de 1.080 y de 191 personas/mes respectivamente y, finalmente, en lo que llevamos de año 2014 (5 meses) el saldo neto es negativo, perdiéndose cada mes un promedio de 3.413 usuarios atendidos.
SE REDUCE LA LISTA DE ESPERA POR FALLECIMIENTOS
Para los autores del dictamen, la afirmación "sistemática y triunfalista" del Gobierno de que se ha reducido la lista de espera contiene una parte de verdad y otra buena parte de "ocultación de la evidencia".
En concreto, indican que la reducción de la lista de espera --que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas-- no es fruto del incremento de atendidos, sino el resultado combinado de retirar el derecho a atención a las personas con grado I (nivel 2) que no estuvieran recibiendo atenciones a 31 de diciembre de 2011 y de las bajas (por fallecimientos) que se producen en personas pendientes de atención.
El dictamen revela que la financiación "ha tocado techo" y es "absolutamente insuficiente y altamente ineficiente" en el tipo de gasto que se realiza. El tipo de servicios entregados y la calidad de los mismos, "no solo no han mejorado para las personas dependientes, sino que ofrecen menor intensidad de atenciones", advierte.
REDUCCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
En términos de esfuerzo público, la Asociación de Directores y Gerentes indica que se ha producido una "reducción paulatina" del mismo, que es lo que, a su jucio, repercute en la "imposibilidad de atención" a las personas en lista de espera e incluso en la disminución de personas atendidas. "Se trata, en suma, de la demostración palmaria de la situación de colapso que sufre el sistema", añade.
Según las estimaciones del Observatorio de la Dependencia, sobre el gasto global en atenciones 2013, la AGE aportó el 19% de la financiación y en términos de gasto público (respecto a las comunidades autónomas su aportación habría sido del 23,4%, muy por debajo del 50% previsto. "Resulta evidente que la aportación estatal ha ido menguando proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del esfuerzo en las comunidades autónomas", añaden los autores.
SÓLO DESTACAN CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO
Sólo Castilla y León, y País Vasco destacan en la aplicación de la Ley de la Dependencia, mientras que once comunidades suspenden --C. Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, Navarra y Cataluña-- "con una tendencia generalizada negativa en los últimos meses".
La aplicación de la escala de valoración territorial del informe evidencia que las comunidades que llevaban un recorrido aceptable, se mantienen; y las que tenían "muchas deficiencias" de gestión, ahora no pueden acelerar para que el principio de igualdad de acceso al derecho sea efectivo.
Se mantiene invariable el "empecinamiento" de algunos gobiernos autonómicos de no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla. Estas comunidades con calificación de "muy deficiente" son la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Aragón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
