OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, presentará este martes en el pleno municipal la propuesta de crear una oficina de intermediación de vivienda. Para Taboada "sobran los motivos para desarrollar una política proactiva de vivienda desde el Ayuntamiento".
Sostiene que 111.000 familias asturianas sufren problemas de exclusión residencial, el 24,4%, un 0,7% más que la media española. En el caso de la población en situación de exclusión social, este porcentaje se eleva al 63%, según datos de la Fundación FOESSA. El citado informe señala también que el 9,6% de la población asturiana (98.700 personas) se encuentran en situación de vivienda inadecuada, y hay un 13,5% de las familias que carecen de dinero suficiente para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda.
"El desfase absoluto entre ingresos familiares y coste de la vivienda se traduce en que hay muchas familias que no pueden permitirse poner la calefacción en invierno: ha pasado del 3,1% de la población en el 2008, al 15,8% en el 2017", apunta Taboada.
Para quien "Asturias y su capital sufren una crisis habitacional y social muy severa, y el parque público de vivienda actual es absolutamente incapaz de atender la demanda existente" y añade que "las 40 viviendas de El Campón en Oviedo llegaron a recibir 995 solicitudes, el año 2020 hubo 354 procedimientos de desahucio en Oviedo, que no pudieron ser valorados ni la mitad de ellos por los servicios sociales, y las viviendas que provee VIPASA a Oviedo no cubren la demanda (24 para 58 solicitudes de emergencia)".
Desde Somos Oviedo consideran que "una medida realista y aplicable a corto plazo sería el impulso a la movilización del parque de viviendas de alquiler mediante una oficina de intermediación municipal" algo que ya existe en otras ciudades cercanas como Avilés y Gijón. Esta oficina garantizaría 3 meses de alquiler y hasta 2.000 euros de desperfectos.
Además, Taboada propone que la administración arriende directamente viviendas en el mercado libre para cubrir la demanda más acuciante de personas y familias vulnerables, y el establecimiento de mecanismos institucionales de detección precoz y prevención de desahucios hasta llegar al objetivo de que ninguna familia "deudora de buena fe" se quede sin alternativa habitacional por no poder hacer frente al pago del alquiler.
Por último, desde Somos insisten en que este tipo de mecanismos tienen que ser asumidos y gestionados directamente por las instituciones del Estado a los distintos niveles, no dejarlos al albur de las iniciativas de entidades sociales con una capacidad muy limitada para resolver este grave problema.
