OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez ha decidido este jueves suspender el juicio a la pareja rumana acusada de coaccionar a su hija adolescente para formalizar un matrimonio de conveniencia con otro menor de la misma nacionalidad al no haberse presentado la víctima que ya es mayor de edad y de la que sus progenitores desconocen su paradero.
El Magistrado del Penal 1 ha indicado que la vista se fijará una vez se conozca la dirección de la chica por lo que se dará orden a la policía judicial para que averigüe la misma.
La Fiscalía ha ofrecido un acuerdo a los acusados pero según ha manifestado su letrada no han aceptado el mismo porque están dispuestos a demostrar su inocencia". Así, los padres sostienen que la entonces menor "quería independizarse" y tomó ella misma la
decisión de irse.
ESCRITO DEL FISCAL
El Ministerio Fiscal sostiene que la madre, menor de edad, y el marido y padrastro de la adolescente desde que la niña tenía 9 años, insistieron a la adolescente para que formalizara un matrimonio de conveniencia con un menor de nacionalidad rumana, con las amenazas de que si no lo hacía la enviarían para Rumanía y la encerrarían en casa sin dejarla salir, ni trabajar ni estudiar.
La Fiscalía afirma que la menor vivía en una presión constante de amenazas y coacciones para que accediera a lo que los acusados pretendían. El día 3 de octubre de 2018, tras advertirle el padrastro de que si no se casaba al día siguiente le compraría un billete y la mandaría a Rumanía, la madre -después de insistir en su pretensión de matrimonio y amenazas-, sin llegar a agredirla, le quitó el móvil de manera violenta y lo tiró al suelo, momento que la adolescente aprovechó para marcharse del domicilio familiar, sin ninguna pertenencia.
La menor fue a casa de una amiga. El 5 de octubre de 2018 acudió a comisaría para denunciar su situación. Desde esa fecha está bajo custodia de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de coacciones para contraer matrimonio y solicita que se condene a cada uno de los acusados a la pena de multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Además, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados no puedan aproximarse a la menor, ni a su domicilio, lugar de residencia, de trabajo, de estudios o cualquier otro en el que se encontrara, a menos de 500 metros durante 5 cinco años, ni comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación, informático, telemático, ni establecer contacto con ella escrito verbal o visual durante el mismo espacio de tiempo.
