GIJÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Público solicita un total de 13 años y medio de cárcel y multa de 12 meses con cuota diaria de 6 euros (2.160 euros) para cada uno de los tres asturianos que regentaban una academia, al acusarles de un delito continuado de estafa, por cobrar por adelantado cursos que sabía que no iban a realizar o que no iban a poder continuar, según el informe fiscal al que tuvo acceso Europa Press. Además, deberán devolver el dinero supuestamente estafado.
Según el relato fiscal, la academia se creó en 2001 como un centro de formación para la preparación de cursos y oposiciones, cuya ubicación era la calle de Alonso Quintanilla, en el barrio gijonés de La Calzada. Los tres imputados figuraban como administradores hasta el cese del negocio el 19 de septiembre de 2003.
Asimismo, señala la Fiscalía que los acusados publicitaban los cursos en anuncios insertados en prensa, en los que se ofertaba prácticas en empresas retribuidas e inclusión en una bolsa de empleo inmediata. Una vez que los interesados contactaban con la academia, mantenían una entrevista personal durante la cual los implicados, de forma verbal, reiteraban la oferta hecha en el anuncio.
Ante dicha promesa verbal, los alumnos firmaban el contrato del curso, para lo que en ocasiones suscribían un préstamo. Además, la Fiscalía incide en que los acusados, para confundir a los alumnos y que se confiaran, decían que algunos cursos estaban subvencionados por el Principado y entregaban tarjetas en las que figuraba el membrete del Centro Municipal de Empresas de Gijón, con quien sólo tenían relación como arrendatarios de un local.
De hecho, el citado local lo dejaron a finales de 2002 por el impago del alquiler, que era de 282 euros, motivo por el que se incoó un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón, donde se les reclamaba el pago de 3.191.78 euros.
Por otro lado, los acusados contaban sólo con dos profesores para impartir la totalidad de los cursos, que eran de temática variada: auxiliar de farmacia, de educación infantil, geriatría, guarda forestal, operador informático de aeropuertos y otros. Estos cursos se abonaban por adelantado, por importe en su mayoría de 1.350 euros, o mediante préstamos solicitados a una entidad financiera indicada por la academia.
Además, tras renunciar la empresa que le llevaba la contabilidad en 2002 por impago, no figuran datos contables. A finales de 2002 la empresa ya no tenía liquidez y se mantenía con el dinero que iba recibiendo de los cursos. Según la Fiscalía, los acusados no tuvieron "reparos" en seguir contratando cursos pese a la situación de quiebra técnica, "burlando" con ello la esperanza de quien buscaba conseguir un puesto de trabajo.
De las 47 personas afectadas por la supuesta estafa, algunas renunciaron a las cantidades que les correspondían. En este sentido, la Fiscalía solicita el pago de 8.710 euros a seis de los perjudicados, mientras que para el resto las cantidades de indemnización que se determinen durante el juicio oral o en la ejecución de sentencia.
LIBRE ABSOLUCIÓN
Por su parte, los abogados de la defensa de los tres imputados piden la libre absolución de sus clientes al alegar que la empresa de formación quebró al no poder asumir los gastos ni las deudas contraídas.
Además, uno de los acusados niega haber ofertado cursos en los que se obtuviera una titulación homologada por el Ministerio de Educación y asegura que, durante el tiempo que él formó parte de la empresa -hasta febrero de 2003--, los alumnos realizaron prácticas en diversas empresas. El juicio tendrá lugar los días 18, 19, 20, 25 y 26 de este mes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.
