((Se ruega sustituyan la noticia del mismo título por esta por un error en el titular y el primer párrafo))
El acusado niega los hechos y afirma que él solo vendía implantes a las clínicas
GIJÓN, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra un supuesto falso odontólogo ha quedado suspendido hasta el próximo lunes después de que una testigo no se presentara y el otro que testificó se retractara de la denuncia que había interpuesto en su día en la Policía.
Durante la vista oral, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, el hombre, que está acusado de hacerse pasar por odontólogo en una clínica que montó en un piso de Gijón, ha negado los hechos y ha asegurado que él se dedicaba a vender material protésico odontológico. La Fiscalía, en cambio, pide para él una multa de 9.000 euros.
Según el procesado, trabajó de comercial vendiendo implantes, si bien estos eran colocados por el dentista y no por él. Sí ha señalado que, en intervenciones quirúrgicas importantes, él está presente para facilitar el material adecuado.
Por su parte, el testigo que le había denunciado, ha cambiado su versión al recalcar que al principio pensó que era él el dueño, ya que era este quien le había llevado hasta la clínica donde le arreglaron la boca, en la plaza de Europa.
Durante el juicio, ha negado, pese haberlo plasmado así en su denuncia, que hubiera sido recibido en la clínica por el procesado y su mujer durante las citas semanales que acudió durante su tratamiento, del que ha asegurado haber quedado satisfecho.
El testigo ha indicado que le denunció al saber que habían encarcelado al procesado y no poder localizar a nadie en la clínica ni en otra que supuestamente montó el acusado, según la Fiscalía, en la avenida del Llano.
El hombre ha apuntado que fue a retirar la denuncia, cuando supo que el acusado no era el dueño. La retirada de la denuncia, no obstante, no consta en el expediente judicial del caso, si bien sí quedo registrado que renunciaba a cualquier acción penal o a ser resarcido al colocarle los implantes y quedar satisfecho.
Asimismo, en la vista oral declaró el instructor policial del caso. Este ha testificado que ya anteriormente habían investigado al acusado por tener abiertas clínicas dentales sin ningún tipo de titulación que le habilitara para ello, en 2017.
Fue la mujer del procesado quien en aquellas fechas les llegó a facilitar hasta 17 historiales clínicos de pacientes, algunos de los cuales ratificaron que habían sido atendidos por el procesado. También ha indicado que el acusado cambió la clínica que tenía en la avenida del Llano, en un piso, a otro portal de esa calle.
SIN TITULACIÓN PRECEPTIVA
De acuerdo al relato fiscal, el acusado tenía acondicionada una habitación como clínica dental en un piso de Gijón donde, al menos durante el año 2018, realizaba actividades propias de esta profesión sanitaria pese a carecer de la preceptiva titulación académica válida para ello, pues ni está licenciado o graduado en odontología, ni en medicina o cirugía-estomatología.
Entre otros pacientes, atendió a una mujer que, tras conocer por una amistad la existencia de esta clínica con unos precios asequibles y desconociendo la falta de habilitación del acusado, acudió a la misma por un problema de movilidad de una pieza dental. El acusado le indicó que era preciso su extracción y la colocación de un implante, a lo que ella accedió, procediendo el acusado a su ejecución.
Para su abono, la mujer ingresó en la cuenta designada por el acusado 100 euros al mes hasta noviembre de 2018, momento en el que cesó la actividad de la clínica tras la detención del acusado. La mujer reclama 600 euros en total.
En las mismas condiciones atendió a otro paciente, iniciando el 24 de julio de 2018 un tratamiento de extracción de piezas y colocación de cuatro implantes, por los que percibió 2.800 euros hasta la suspensión del tratamiento. No obstante, este perjudicado no hace reclamación alguna al haber sido indemnizado por el acusado.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de intrusismo y ha solicitado que se condene al acusado a la pena de multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros (9.000 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
