Recomienda la mejora de la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón
OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha observado "irregularidades e incumplimientos significativos" en la "tramitación, ejecución y justificación" de la subvención concedida al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social para la construcción de La Residencia de Mayores 'La Minería', en Felechosa (Aller), que es objeto de un proceso penal.
Así lo indica en un informe de fiscalización, elaborado a instancias de las Cortes Generales, sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre los ejercicios 2006 y 2017, tanto en la línea de infraestructuras como en la de proyectos empresariales.
Dicho informe, en el apartado de la línea de infraestructuras, cuenta con un epígrafe específico sobre la subvención concedida para la construcción de la Residencia 'La Minería', en Aller (Principado de Asturias).
El órgano fiscalizador recomienda al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras "la mejora de la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón".
Además, en lo que respecta al grado de consecución de los objetivos de las ayudas para reactivación económica de las comarcas mineras, el informe apunta que "determinadas infraestructuras financiadas nunca se pusieron en uso, siendo, en particular, reducido el grado de ocupación en las inversiones realizadas en polígonos industriales".
"Ni los programas presupuestarios, ni los Planes del Carbón, ni las disposiciones normativas por las que se han regido las ayudas para reactivación de las comarcas mineras, han dispuesto de objetivos e indicadores adecuados y concretos que permitieran efectuar un seguimiento y valorar la consecución de las metas de los mismos y su impacto", añade.
Del mismo modo, resalta que "ni las CCAA ni el IRMC efectuaron los estudios de seguimiento previstos en los Planes del Carbón. A su vez, del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales correspondientes a Asturias, León y Teruel, no se ha obtenido una evidencia sustancial de que los recursos aplicados hayan tenido un impacto en la mitigación de la disminución de la población".
CONCLUSIONES
El Tribunal de Cuentas indica en su informe que, durante el periodo fiscalizado, el importe ejecutado supuso un total de 1.786 millones de euros. De ellos, 1.105 millones correspondían a la línea de infraestructuras y 681 millones a las dos sublíneas para proyectos empresariales generadores de empleo.
Al respecto, concluye que "ninguna de las líneas de subvenciones para la promoción de la reactivación de comarcas mineras del carbón se incardinaron en un plan estratégico de los previstos en la Ley General de Subvenciones".
Igualmente, el Tribunal de Cuentas sostiene que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) "careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales".
Y en relación con el análisis de la línea de subvenciones de infraestructuras, el informe observa que el marco normativo regulador de esta línea de subvenciones (Real Decreto 1112/2007) "era ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno". "A este respecto, varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales", añade.
También se concreta en el informe que "la selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto".
En cuanto a la justificación de estas ayudas, apunta que el Real Decreto 1112/2007 "era escasamente preciso, lo que implicó un excesivo grado de discrecionalidad en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios; incrementándose el riesgo de deficiencias e irregularidades en la aplicación de los fondos, dando lugar, en todo caso, a una innecesaria falta de homogeneidad en el procedimiento".
Asimismo, la fiscalización ha detectado "deficiencias e irregularidades en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro".
Sobre la tramitación del reintegro de ayudas, el Tribunal de Cuentas advierte de que "se produjeron dilaciones, originadas, principalmente por la configuración del procedimiento de reintegro". "A su vez, las restricciones presupuestarias que se produjeron en el periodo 20122014 y que afectaron al IRMC se tradujeron en múltiples litigios, principalmente con el Principado de Asturias, relacionados con la ejecución y liquidación de convenios específicos".
