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OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias), Dacio Alonso, ha advertido este viernes de que pedirá responsabilidades al Estado por las sentencias desfavorables para los consumidores sobre las plusvalías en los contratos de compra venta de viviendas. En total, entre los asociados de la UCE, 100 personas han sido perjudicadas por las decisiones "unilaterales" de una jueza de Oviedo, María Elena Rodríguez Vigil, que "actuó por libre ignorando las decisiones de la Audiencia Provincial".
Esta medida la tomarán tras conocer la sentencia favorable del Tribunal de Luxemburgo, en el que, al igual que la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, se han considerado "cláusulas abusivas" las denominadas plusvalías. Hasta ahora, ha explicado Alonso en rueda de prensa, han ganado más de 3.000 causas, lo que supone la devolución de más de tres millones de euros a los consumidores afectados.
Los trámites para declarar ilegal que el comprador de un inmueble se haga cargo del impuesto de la plusvalía (en torno a los 3.000 euros) se iniciaron en 2006 por parte de la UCE, y en 2009, explica su representante, los jueces de la Audiencia Provincial llegaron al acuerdo de que la plusvalía la debía pagar el vendedor, al margen de la fecha de compra del inmueble.
No obstante, ha denunciado Alonso, "una magistrada de la sección sexta de la Audiencia Provincial, Rodríguez Vigil, actuó por libre, diciendo que no existía desequilibrio importante entre pagar o no el impuesto en el total del coste de la hipoteca". Por su parte, Alonso ha asegurado que el problema no es el desequilibrio económico, sino "que se obligue a un consumidor a pagar algo que no debe ni ha negociado".
Esta situación provocó que se produjera, a juicio de Alonso, "una ruleta rusa" en la que dependiendo del juez que lleve la causa, la resolución será diferente. "Los mismos hechos deben tener las mismas resoluciones", ha denunciado Alonso.
Cuando en la UCE se dieron cuenta de la actuación de dicha jueza, se dirigieron a la Audiencia para denunciar el hecho, "ahí metimos la pata", ha reconocido Dacio Alonso, "porque al advertir de los hechos a su superior, éste en vez de llamarle la atención llevó al Tribunal Europeo de Luxemburgo la causa, con el consecuente perjuicio para todos aquellos que habían iniciado sus causas, ya que la resolución de Europa tardó dos años en llegar".
Durante el tiempo que llevó la resolución del Tribunal Europeo, ha asegurado Alonso, hubo solo dos juzgados que paralizaron las causas pendientes hasta conocer la resolución, y desde la UCE han anunciado que exigirán al Estado, "como subsidiario" la reparación de los daños tanto a los consumidores que han visto paralizados sus procesos como a aquellos cuyas sentencias fueron desfavorables.
De seguir adelante este proceso, y si el Estado finalmente resulta tener responsabilidad en estos hechos, Alonso ha estimado que en total podrían devolverse en torno a 150.000 euros a los asociados de la UCE que se han visto afectados.
