OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión de Fomento de Foro Asturias, y ex consejero de Sedes, Juan Vega, ha acusado este jueves de "ilegalidades" al Gobierno asturiano, al entregar activos de sedes a Liberbank, "un banco elegido a dedo".
En una nota de prensa, Vega ha recordado que "el Gobierno de Javier Fernández (presidente de Asturias) fue autorizado por la Junta General del Principado, mediante una Ley ad hoc (Artículo 23 de la Ley 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico), a enajenar sus acciones en la empresa SEDES mediante los procedimientos públicos previstos por la legislación vigente, entre otros la subasta, que es el que se había establecido de acuerdo con la citada ley. Entregar activos de una empresa pública, a cambio de reducir endeudamiento, a un banco elegido a dedo, no se ajusta a la ley aprobada por la Junta General del Principado y rompe cualquier principio de gestión eficiente y de legalidad".
Según Vega, "Javier Fernández ha traspasado a dedo al banco privado Liberbank, de manera opaca e ilegal, activos que previamente había traspasado a la propia Sedes, mediante permutas, en la ruinosa operación de compra de las oficinas del Calatrava". Apunta además que fue esta operación "la que llevó a la compañía a la ruina en la que se encuentra, ante la inminencia de un proceso concursal en el que se podrían dirimir cuestiones propias de un posible concurso culpable a causa de la imprudente gestión de la empresa, que podría acabar con buena parte de los gestores antiguos y actuales sentados ante los Tribunales de Justicia".
Juan Vega señala que "el Gobierno de Foro Asturias había dejado todo preparado para estudiar legalmente lo que había ocurrido en Sedes. El PSOE echó tierra sobre el asunto, anulando el procedimiento de contratación de un asesor externo que analizase las posibles responsabilidades".
"La ilegalidad y las secuelas de todo orden de la operación de permuta de solares e inmuebles en Oviedo, concretamente en La Ería, Otero-San Lázaro, las calles Uría y General Elorza y otros, son innumerables y conocidas de la opinión pública, y las denuncias al respecto se acumulan en los Tribunales, por lo que el Gobierno tenía que buscar una solución para meter este 'Expediente X' de su pasado en la destructora de documentos, y lo que se les ha ocurrido no es ni más ni menos que repetir la operación, con los mismos tintes de ilegalidad", ha subrayado Vega.
