"Yo no he venido aquí a ver la vida pasar, tengo la conciencia muy tranquila", dice Álvarez

Melania Álvarez
Melania Álvarez - EUROPA PRESS - Archivo
Publicado: miércoles, 7 octubre 2020 18:37

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha defendido este miércoles su actuación en su etapa de directora general de Participación Ciudadana, en 2018, cuando decidió actuar al entender que se estaban pagando facturas excesivas por la preparación y edición del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Álvarez ha dicho que, antes de dedicarse a la política, como ciudadana, siempre esperaba que los responsables públicos tuviesen la valentía de enfrentar ese tipo de situaciones y no dejasen el asunto correr.

"Yo no he venido aquí a ver la vida pasar, tengo la conciencia muy tranquila", ha dicho Álvarez, en declaraciones a Europa Press. "Yo esperaría que otro político en esa misma situación no mirase hacia otro lado", ha añadido.

El proceso, sin embargo, le ha costado de momento a Álvarez 23.000 euros en concepto de fianza provisional que ha solicitado el Tribunal De Cuentas a distintos responsables del Principado de esa época, incluida la actual consejera. Álvarez, que ha depositado el dinero, ha decidido recurrir la decisión. "Espero que quede en una anécdota", ha indicado.

El Gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón, informó este martes de lo sucedido y respaldó a la consejera por su determinación para mejorar el servicio público. La dirigente asturiana ha agradecido ese apoyo y además se ha mostrado a disposición de la Junta General del Principado de Asturias para cualquier aclaración.

PROCEDIMIENTO PENAL

La inspección propiciada por Álvarez y análisis de lo que sucedía en la Inspección General de Servicios tuvo otras consecuencias, además de la intervención del Tribunal de Cuentas. Al funcionario en cuestión se le abrió un expediente disciplinario.

Pero además el asunto está en un juzgado de Oviedo por vía Penal en una causa en la que al Gobierno del Principado le corresponde actuar como acusación particular, abierta contra un funcionario y el contratista. El fiscal tendrá que decidir ahora si sigue adelante o solicita el archivo, en función de las pruebas de las que cuenta.