Fue junto a otras tres comunidades la de menor número
SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cantabria registró un solo accidente industrial con sustancias peligrosas en el periodo 1987-2007, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Según estos datos, consultados por Europa Press, la comunidad autónoma fue de este modo una de las cuatro con menor número de incidentes de este tipo junto con Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias (con un accidente también en cada caso).
Los datos del Ministerio se refieren en concreto a los accidentes derivados de actividades industriales contempladas en la Directiva Seveso II, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
El conjunto de accidentes contemplados en el indicador son los incluidos en el marco de la normativa Seveso, producidos en el desarrollo de actividades industriales (industria química, farmacéutica, energética etc., incluyendo operaciones de almacenaje, distribución o venta de materias o productos peligrosos).
Según el banco público de indicadores ambientales del Ministerio, a lo largo del periodo 1987-2008, el total de accidentes producidos ha sido de 35. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con mayor número de accidentes, aunque también es una de las que tiene más establecimientos industriales incluidos en el ámbito de la normativa Seveso.
Le siguen País Vasco con 5; Castilla y León con 4; Galicia con 3; Murcia, Aragón y Andalucía ( 2 en cada caso) y cerrando la lista Madrid, Castilla-La Mancha; Cantabria y Canarias con un accidente en cada comunidad.
El informe precisa que en esta relación no se contabilizan otro tipo de accidentes, no menos graves, de gran incidencia en el medio ambiente, pero que no pertenecen al ámbito de la normativa Seveso. De entre ellos destaca los debidos a explotaciones mineras como el producido por la rotura de la presa de Aznalcollar (Sevilla), en abril de 1998.
Igualmente detalla que se entiende por accidente grave cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión importantes, que sean consecuencia de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto que incorpora al marco jurídico español la directiva Seveso II, y que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas.
En total, en España hay más de 600 establecimientos afectados por la Directiva estando ubicados la mayoría de ellos en Cataluña, Valencia y Andalucía. Las dos principales actividades de aplicación de la Directiva son el almacenamiento y distribución de gases, hidrocarburos y derivados y la producción, manipulación y almacenamiento de productos químicos.
