Fomentará su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización asegurando "un alto nivel de respeto al medio ambiente"
SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Decreto por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria entrará en vigor en el plazo de un mes tras haberse publicado este lunes en el BOC.
Este decreto tiene por objeto regular la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en Cantabria, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, "todo ello asegurando un alto nivel de respeto al medio ambiente y a la salud de las personas y contribuyendo a crear un modelo sostenible de la actividad de construcción", señala el texto recogido por Europa Press.
En concreto, el decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en el Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que se generen en la región.
Según señala el preámbulo de la nueva normativa, el Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, tiene como objetivo hacer frente al problema de la creciente generación de residuos de esta tipología por parte del sector de la construcción que, en los últimos años, ha sido el pilar sobre el que se ha sustentado la economía española.
Sin embargo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria no existía normativa que regulara los residuos procedentes de la actividad de la construcción, respondiendo la decisión de la aprobación del nuevo Decreto, al interés por aplicar correctamente las estipulaciones contenidas en la normativa estatal, mediante la concreción de determinados aspectos, con el fin de adecuarlo a las especiales características del territorio, sentando así las bases de una gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Así, a pesar de que el Real Decreto estatal las ha excluido de su ámbito de aplicación, se ha regulado un mecanismo de control que asegure el origen y destino de las tierras y piedras no contaminadas que se empleen para obras de acondicionamiento, relleno o restauración, tanto mediante la inclusión de esta información en el estudio de gestión que ha de presentar el productor de tales residuos, como mediante el certificado que debe extender el titular de la obra o emplazamiento donde vayan a emplearse las mismas.
Asimismo, y dado el importante papel desempeñado por las Entidades Locales en la adecuada gestión de estos residuos, se ha introducido un artículo en que se refleja la distribución competencial entre los ámbitos local y autonómico, y en la que rige "el espíritu colaborador que ha de impregnar siempre las relaciones entre Administraciones Públicas", destaca el decreto.
Otra importante novedad prevista en el Decreto es, en desarrollo de la previsión estatal, la obligatoriedad de la constitución de una garantía financiera, que permita responder de las obligaciones derivadas de la gestión de estos residuos, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras.
Por otro lado, el Decreto también regula la utilización de residuos inertes en obras de acondicionamiento, restauración y relleno, donde, además de los requisitos establecidos en la normativa estatal, también se exige que hayan sido sometidos previamente a una operación de valorización.
Igualmente, se contemplan diversas medidas medioambientales de apoyo, como la celebración de contratos públicos para lograr un mayor aprovechamiento de esta tipología de residuos, y el fomento de la suscripción de acuerdos entre los productores para la creación de sistemas organizados de gestión.
