CAMARGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Corporación del Ayuntamiento de Camargo celebra este jueves, 30 de enero, a partir de las 19.00 horas, el Pleno ordinario en el que abordará la protección de los bienes públicos, la actualización de las tarifas de taxi y una modificación puntual para permitir que los comercios del Valle tengan más de 450 metros.
En la sesión, también se dará cuenta de la renuncia del concejal del PP Javier Flor y se tramitará su sustitución por Marián Rovira, a quien se designará como representante municipal en el Consejo Escolar del colegio público Pedro Velarde, según ha informado el Ayuntamiento de Camargo en un comunicado.
El Pleno dará luz verde a la modificación que permitirá que los establecimiento comerciales puedan tener más de 450 metros cuadrados de superficie, así como que éstos puedan ampliarse sin necesidad de abrir otro espacio paralelo de venta y, por tanto, "sin duplicar inversión y gasto".
Además, esta modificación contempla que las naves industriales puedan contar con escaparate y zona de venta al hacer compatibles los usos industriales con los comerciales. Asimismo, se cambian las exigencias para los pequeños negocios al introducir como baremo el número de trabajadores de la empresa.
Hasta el momento, una nave en la que el 90% de la superficie se dedicaba a almacenamiento y sólo contaba con dos trabajadores debía contar con instalaciones sanitarias como si tuviera decenas de empleados, algo que ya no sucederá.
Esta modificación también permitirá que en el área rural puedan explotarse casas con fines de hospedaje, una medida que busca fomentar alternativas de negocio que, no obstante, deberán preservas estos entornos.
Asimismo, se permitirá la realización de actividades económicas no contaminantes y asociadas a la producción artesanal en zona rural como puede ser la elaboración de productos como el queso, la mantequilla o el yogur, entre otros.
CAMBIAR MULTA POR TRABAJOS COMUNITARIOS
Por otro lado, la Corporación abordará en el pleno de este jueves la modificación de la ordenanza reguladora de la Protección de Bienes Públicos para incorporar la posibilidad de que las multas, tanto por faltas leves como graves, se puedan sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad.
La ordenanza actual, recientemente aprobada, recoge multas de hasta 2.000 euros para quienes infrinjan la prohibición de dañar de cualquier modo bienes de titularidad pública como papeleras, bancos, marquesinas, árboles, plantas o fuentes, entre otros.
Además, obliga al infractor asumir el gasto que sea preciso para arreglarlos daños causados y, si el destrozo no tuviera arreglo, además de la multa, el infractor deberá asumir el gasto de reponer lo que dejó inservible.
Con la modificación, el Ayuntamiento y el infractor van a poder acordar la sustitución de estos importes por trabajos que suponen la colaboración no retribuida en actividades de utilidad pública. En el caso de que la sanción sea impuesta a un menor, será éste y no sólo sus padres quien deberá manifestar su acuerdo a sustituir la multa por la realización de trabajos, que se relacionarán en la medida de lo posible con el daño causado.
El objetivo de esta fórmula de cumplimiento de pena es que la persona asuma las consecuencias de sus actos, desarrolle un compromiso con la labor que se le encomienda y mejore la gestión de sus habilidades sociales.
