SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque de Oyambre, Emilio Carrera, denunciará las recalificaciones urbanísticas en Oyambre-Comillas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En un comunicado, Carrera ha explicado que la denuncia se refiere al acuerdo adoptado por unanimidad de la Corporación del Ayuntamiento de Comillas (PRC-PSOE y PP), que el 3 de diciembre aprobó una modificación puntual (la número 3) del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuyo objetivo es ampliar los límites de suelo urbano en los núcleos rurales de Trasvía, Rubárcena, Rioturbio y Araos --pertenecientes al Parque Natural de Oyambre-- al calificar como urbanas varias parcelas rústicas del espacio protegido.
Carrera ha criticado que "aunque se han podido salvar menos fincas de las que le habría gustado" a la alcaldesa, Teresa Noceda, supone, dice, avanzar en un proceso de "largo recorrido" que el Ayuntamiento viene tramitando desde diciembre de 2008, secundando las peticiones de varios vecinos que quieren que sus parcelas de suelo rústico se califiquen como urbanas "para poder venderlas o construir en ellas".
Y todo ello, según ha afirmado el ecologista, conforme a las directrices de la Consejería de Medio Ambiente y de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para "convertir los terrenos rústicos en urbanizables de forma indiscriminada en áreas rurales, periferias urbanas y espacios protegidos sin evaluar los riesgos de una nueva burbuja inmobiliaria, la desarticulación territorial y los impactos ecológicos y sociales que pueden traer consigo".
La denuncia presentada por el representante de los ecologistas será remitida al Ayuntamiento de Comillas, a la Consejería de Desarrollo Rural y la Dirección del Parque, así como a la Fiscalía del TSJC al considerar que el acuerdo no ha recibido el informe preceptivo del Patronato --que sigue sin convocarse en los términos que la Ley determina y bloquea las leyes y directivas de participación social en la gestión ambiental--.
Asimismo sostiene que transgrede los principios del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas; que no respeta los criterios de protección del paisaje y la excepcionalidad ambiental de las áreas afectadas --uno de los escenarios más valiosos y singulares de la costa cantábrica--, y que acentúa el carácter disperso de las iniciativas urbanizadoras y los asentamientos residenciales.
Apunta igualmente que encarece las infraestructuras, equipamientos y servicios de la Administración Pública a los posibles usuarios y devalúa los atractivos turísticos del propio Parque.
También, el representante de los conservacionistas denuncia que se sigue sin reclamar el desarrollo de las ayudas que la declaración de Parque debería suponer para los municipios y propietarios afectados "mediante una generosa dotación presupuestaria" del área de influencia socioeconómica; el aprovechamiento y transformación sostenibles de los recursos agroganaderos, forestales y pesqueros; la diversificación productiva; la realización de permutas y compra-venta con terrenos situados fuera del espacio protegido, o la adquisición directa por parte de las administraciones públicas y la aplicación de los derechos de retracto para evitar la especulación, los cambios de usos o las recalificaciones urbanísticas
