El plan compromete fondos por 1.300 millones en cuatro años para reducir en 20.000 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social
SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Asesor de Servicios Sociales ha respaldado hoy el Primer Plan de Acción para la Inclusión Social de la comunidad autónoma, un documento de consenso que compromete fondos por importe de 1.300 millones de euros en cuatro años con el objetivo de reducir en 20.000 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
El plan, que tiene como horizonte temporal el periodo 2014-2017 y es el primero de estas características que se pone en marcha en la historia de Cantabria, tiene como objetivo coordinar todos los esfuerzos de las distintas consejerías del Gobierno regional en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ha indicado el Ejecutivo.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado esta tarde al Consejo Asesor el documento definitivo, que incorpora "el 70 por ciento" de las alegaciones presentadas por los miembros de este órgano asesor al borrador inicial en un proceso de "participación y transparencia" sin precedentes.
Este Consejo está integrado por 25 miembros, seis en representación de los departamentos de Educación, Sanidad, Igualdad, Empleo, Vivienda y Economía, tres en representación de los ayuntamientos designados por la Federación de Municipios de Cantabria (Santander, Torrelavega y Ribamontán al Mar); dos de CEOE, y dos en representación de UGT y CCOO, como organizaciones sindicales más representativas.
Además, están presentes Lares, Cermi, Cáritas y CUIN, como representantes de las entidades dedicadas a la atención a personas en situación de dependencia o con discapacidad y de protección a la infancia y la adolescencia, y la Unión de Consumidores de Cantabria.
Durante su intervención, la consejera ha explicado que este Plan nace de la "sensibilidad, voluntad y compromiso político" del Gobierno con el fin de asegurar una "respuesta coordinada" a las necesidades sociales detectadas, mejorando la eficacia y eficiencia del sistema de protección y dirigiéndolo a las personas más vulnerables.
Según Sáenz de Buruaga, a pesar del "fuerte crecimiento" en los últimos años del número de personas preceptoras de Renta Social Básica y de la prestación de emergencia social, los esfuerzos realizados por los servicios sociales con la finalidad de posibilitar la inclusión de personas en riesgo de exclusión "han sido insuficientes".
De ahí que se considere éste el momento idóneo para la aprobación, puesta en marcha y desarrollo de un plan elaborado en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, en el que se establece el objetivo de disminuir a finales de 2019 en 20 millones el número de personas que en la UE están en riesgo de pobreza y exclusión social.
El Plan es necesario, según el Gobierno, para conseguir esa disminución proporcional en Cantabria, 20.000 personas hasta 2019, en el marco del objetivo recogido en el plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, en cuya elaboración ha participado la comunidad autónoma.
La vicepresidenta destacó el "respaldo unánime" conseguido, al tiempo que valoró el "serio y riguroso" ejercicio de análisis realizado por los miembros del Consejo, que se ha materializado en un número significativo de aportaciones que han servicio para "mejorar y fortalecer un plan que hoy es más de todos".
De hecho, se han admitido el 70% de las alegaciones al borrador presentadas por los ayuntamientos de Ribamontán al Mar y Santander; los sindicatos UGT y CCOO, Cermi, Cáritas, Cuin, la Consejería de Medio Ambiente y ACAT. La mayoría de las rechazadas lo han sido por tratarse de propuestas ya incluidas en alguna de las medidas contenidas en el plan.
Como resultado del proceso de participación abierto por la Consejería, se ha pasado de un borrador estructurado en 48 objetivos y 237 actuaciones a un plan con 49 objetivos operativos y 263 actuaciones estructuradas en cuatro líneas estratégicas, si bien la consejera ha hecho hincapié en que no se trata tanto de poner en marcha nuevas políticas ni de crear nuevos recursos, como de alinear y coordinar; ordenar y optimizar el funcionamiento de los que ya existen.
La primera línea estratégica pretende fomentar el acceso al empleo a través de políticas activas de inversión social destinadas a favorecer la inclusión social de las personas más vulnerables, mientras que la segunda está destinada a garantizar un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil.
La línea estratégica tres pretende garantizar la prestación de unos servicios básicos y facilitar el acceso a toda la población de Cantabria, especialmente en materia de servicios sociales, educación, sanidad y vivienda, mientras que la cuarta está destinada a la atención a los grupos más vulnerables: infancia y adolescencia; personas mayores; personas con discapacidad; población inmigrante; víctimas de violencia de género, personas con adicciones; población gitana y personas sin hogar.
