Le otorga un plazo de 15 días para desalojar la vivienda de la vaguada de Las Llamas
SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santander ocupará el 4 de agosto la vivienda y los terrenos de la vaguada de Las Llamas expropiados a Amparo Pérez para construir el vial que conectará Camilo Alonso Vega con la S-20, y por ello le ha otorgado un plazo de 15 días para desalojar su casa.
Así figura en la notificación del expediente de expropiación forzosa para la ejecución del vial de conexión entre la S-20 y la avenida de Los Castros que ha publicado el Ayuntamiento este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ya que ha sido imposible notificar esta resolución a la interesada en su domicilio.
El pasado 27 de junio, esta anciana de 86 años se negó a firmar el acta de ocupación. La mujer estuvo arropada por numerosos integrantes y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes denunciaron "oscuros intereses" en la construcción de este vial "absolutamente innecesario", y acusaron al alcalde de Santander, Íñigo de la serna, de ser "quien va a desahuciar" a la mujer.
Además, para evitar la expropiación, se creó la plataforma #AmparoSeQueda integrada no solo por miembros de la PAH sino por otros particulares y colectivos.
En la notificación publicada hoy en el BOC, firmada por el alcalde, se señala que, como ya se ha puesto en conocimiento de la interesada en diversas ocasiones, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa acordó el 6 de febrero el justo precio de la finca y vivienda propiedad de Amparo Pérez y otra mujer, afectadas por la expropiación forzosa para la ejecución del vial, cuya aprobación definitiva tuvo lugar por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 16 de octubre de 2012.
Posteriormente, y en cumplimiento de la Ley de Expropiación Forzosa, al rechazarse por las expropiadas tanto la vivienda de realojo ofrecida por el Ayuntamiento como el justiprecio fijado por el Jurado Provincial, éste se hizo efectivo mediante su ingreso en la Caja General de Depósitos el 10 de junio.
En este sentido, la PAH calificó de "una vergüenza" los 79.000 euros de justiprecio por una vivienda de 90 metros cuadrados y una finca de 374.
Convocadas las expropiadas al levantamiento del acta de ocupación el 27 de junio, solo acudió al acto Amparo Pérez, que se negó a firmar.
Por ello, y de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento de Expropiación Forzosa, los servicios técnicos municipales, junto a la empresa contratada, procederán a la ocupación material de la vivienda y terrenos expropiados el 4 de agosto, por lo que se le otorga a Pérez un plazo de quince días desde el recibo de la presente notificación para que procedan a desalojar la vivienda y al traslado de los enseres de su propiedad.
