Denuncia que el precio será fijado exclusivamente por las empresas suministradoras sin control público
SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de Cantabria rechaza el nuevo sistema para fijar el precio de la luz que pretende aprobar el Ministerio de Industria porque no se va a poder aplicar y porque "deja las manos libres a las empresas para establecer las tarifas sin control público".
En un comunicado, la UCC ha explicado que la propuesta ministerial consiste en habilitar cuatro tipos de facturación. En el primer modelo, se pagaría según el precio del mercado cada hora, siempre y cuando se disponga de un contador inteligente que permita realizar este cálculo. La segunda posibilidad es que se facture el promedio de los precios que se hayan registrado en los dos meses anteriores. La tercera opción es abonar un precio fijo al año, como una tarifa plana. La cuarta y última es la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales entre cada compañía y cada ciudadano.
El coordinador de Unión de Consumidores de Cantabria, Francisco Bautista, cree que esta fórmula incrementará el "desastre de facturación que ya aqueja a los usuarios cántabros desde 2008", puesto que "no resuelve el encarecimiento del precio, que se basa todavía en un mercado especulativo que trata como bien de lujo un suministro de primera necesidad".
La UCC explica que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece el derecho a conocer el precio de los bienes y servicios antes de formalizar el contrato. "Lo contrario supone dejar en manos de las empresas un elemento tan esencial del contrato como es el precio, hasta que llegue el momento, si es que no ha llegado ya, en que nadie conozca qué paga y a qué precio", según Bautista.
La asociación denuncia que la fijación del precio de la luz quedará "totalmente en manos de las compañías eléctricas" y que su aplicación cotidiana "será tan críptica que ningún consumidor, por bien formado que esté, podrá saber qué paga con carácter previo al consumo". Hasta el punto de que las inversiones del consumidor para fomentar el ahorro energético, comprar bombillas led o electrodomésticos tipo A será inútil puesto que no sabrá si ahorra o deja de ahorrar, ha afirmado el colectivo.
DIFICULTADES PARA APLICAR LAS 4 TARIFAS
Si las compañías eléctricas en Cantabria no han podido leer los consumos y facturar en los plazos reglamentarios --en algunos casos han tardado hasta tres años en realizar la lectura--, según ellos por problemas informáticos, "habrá que preguntarse cómo se las van a apañar para facturar cada hora a los usuarios y cómo podremos comprobar que es correcto". "No creemos que esto sea posible y sostenemos que propiciará que nadie sepa lo que paga ni por qué lo paga", denuncia el coordinador de UCC.
Unión de Consumidores añade que el argumento de que los organismos reguladores velarán por la exactitud de las lecturas "causa risa", pues "dudamos seriamente de que la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria tenga capacidad para efectuar los controles que nuestro optimista ministro propone", apostilla Bautista.
Respecto al segundo modelo, la facturación promedio del bimestre adolecerá del mismo defecto. UCC cree que nadie podrá verificar la exactitud de los importes facturados lo que dejará al usuario en situación de pagar "a ciegas sus consumos, haciendo un acto de fe".
La tarifa plana supondrá un encarecimiento aún mayor del recibo porque las compañías "fijarán un precio más elevado que el previsible", en su opinión.
Por último los acuerdos bilaterales --que suponen negociar el precio kilowatio/hora entre la compañía y el cliente-- es un derecho en cualquier relación contractual que las eléctricas reservan para los grandes clientes, y que no están dispuestas a aplicar a los consumidores individuales.
PETICIÓN DE UCC
Por tanto, UCC exige al Gobierno que acometa cuanto antes una reforma del régimen tarifario, "justo y sometido a controles públicos", que garantice al consumidor a qué precio va a pagar la luz antes de consumirla. Una reforma que cuente con las organizaciones de consumidores y que regule la situación del usuario en caso de impago, con la prohibición del corte de suministro; así como las consecuencias de la vulneración de las obligaciones en cuanto a facturación y cobro por parte de las empresas, con la aplicación de un régimen sancionador.
En definitiva, una reforma para evitar que el precio de un servicio básico siga siendo, como es hoy, un lujo para todos los ciudadanos.
