18 de noviembre de 2019
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  • 23 de octubre de 2019

    17 viviendas de Liencres con sentencia de derribo podrían demolerse en 2020

    17 viviendas de Liencres con sentencia de derribo podrían demolerse en 2020
    El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, se reúne con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA)GOBIERNO DE CANTABRIA

    SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha avanzado este miércoles que 17 viviendas unifamiliares con sentencia de derribo en Liencres (Piélagos), ubicadas en la zona de servidumbre de protección de Costas, podrían demolerse el próximo año, cuando también se indemnizaría a los propietarios.

    Estas 17 viviendas de la zona de protección de Costas de Liencres son "las que en principio no pueden ser legalizables" y, por ello, según ha apuntado Gochicoa, pueden "ser las primeras" en demolerse. "Si todo va bien, el próximo año podríamos estar indemnizando a los propietarios y efectuando el derribo", ha dicho, aunque ha reconocido que "es un poco aventurado todavía".

    En cualquier caso, tanto en el caso de esas viviendas con sentencia de derribo en Liencres como en el resto de los casos, ha asegurado que, "en todos los casos" de viviendas con orden de derribo, el Gobierno está "dando pasos porque la justicia nos obliga a ello".

    En este sentido, ha confirmado que el proyecto de las viviendas de sustitución de las 102 de La Arena, en Arnuero, finalizará "en los próximos meses", de modo que el año que viene estará en ejecución y estarán listas para ocuparse a finales de 2021 o principios de 2022, cuando podrían derribarse las construcciones ilegales.

    El consejero ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una reunión con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), solicitada por esta última tras conocer a través de los medios de comunicación la resolución judicial para el derribo de viviendas con sentencia en Argoños.

    El consejero ha explicado que la resolución judicial instando al la redacción de proyecto de derribos llegó en julio y el Gobierno ya ha dado "los primeros pasos" para ejecutarla a través de una encomienda de gestión a Tragsa. En este sentido, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves la fiscalización de las cantidades para la redacción del proyecto.

    Con todo, Gochicoa ha confiado en que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños se apruebe "anteriormente" a los derribos y puedan legalizarse las viviendas. "Pero nosotros tenemos que seguir las resoluciones judiciales", ha insistido.

    Al respecto, el portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha señalado que en el caso de Argoños se ha producido un "fallo de comunicación", según ha reconocido el Gobierno, que ha pedido "disculpas a la asociación" y que ha dicho que informará previamente a los afectados en asuntos "tan importantes como el derribo de viviendas".

    Sin embargo, para Vilela lo "importante es que la justicia está diciendo que se pueden derribar las viviendas y sin embargo no tenemos los PGOU que dicen que esas viviendas están en suelo urbano consolidado. Es una locura y se tienen que aprobar los PGOU porque no puede ser que pase el tiempo y no se den soluciones", ha enfatizado.

    Al hilo, ha denunciado que AMA no entiende que el Plan General de Argoños, un municipio de "5,5 kilómetros cuadrados", salga a exposición pública por cuarta vez, cuando se aprobó en 2007 "con todas las bendiciones". "No lo podemos entender y por eso vamos a pedir a la Fiscalía que investigue porque no nos parece normal las actuaciones que ha habido durante tanto tiempo y los recursos que se han gastado", ha indicado.

    En cuanto a los avances en la reunión de hoy, Vilela ha destacado el anuncio del consejero de que "en dos o tres semanas" funcionará la oficina de afectados por los derribos, y ha pedido que las valoraciones de viviendas con orden de derribo elaboradas desde Obras Públicas "se manden lo antes posible" a los afectados.

    Sobre esta cuestión, el consejero ha indicado que la valoración de las indemnizaciones conlleva un "procedimiento complejo", además de que "no conviene hacerla con mucha anticipación" al derribo para que el valor de la vivienda no se devalúe.

    Por eso, Obras Públicas enviará a los afectados las valoraciones realizadas por un funcionario, que no están incluidas en el convenio y que no tienen porqué coincidir con la cantidad final a cobrar, para que cada uno sepa el valor "a título informativo" y pueda utilizarlo por ejemplo para pedir un crédito.

    Pese a estos avances, Vilela ha dicho a la asociación le "quedan muchas dudas, sobre todo al ver cómo pasa el tiempo y los PGOU no se aprueban. Queremos que se cumplan las resoluciones del Parlamento que reiteradamente ha dicho que en 2019 hay que dar solución a los afectados", ha solicitado al consejero.

    En este sentido, el portavoz de AMA no da el año por perdido y la asociación tratará de que en lo que resta de ejercicio "queden puestos los cimientos, lo más fijos posible, para que los afectados y los cántabros tengan una solución", algo que depende de las administraciones "y que tienen que cumplir porque lo han aprobado por unanimidad en el Parlamento", ha insistido.

    En este nuevo encuentro con AMA, en la que también han estado el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Francisco Javier Gómez Blanco, y el gerente de Gesvican, César González, el consejero ha garantizado a AMA actuar con "transparencia y comunicación permanente" en materia de derribos.

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