24 de octubre de 2020
28 de septiembre de 2020

Los acusados de pertenecer a una red de trata de mujeres se acogen a su derecho a no declarar

Los acusados de pertenecer a una red de trata de mujeres se acogen a su derecho a no declarar
Juicio contra siete acusados de red de trata - EUROPA PRESS

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los siete acusados de formar parte de una organización de trata y prostitución asentada en España, Italia, Libia y Nigeria, dedicada a trasladar a mujeres procedentes de este último país, se han acogido a su derecho a no declarar en el juicio que ha comenzado este lunes contra ellos.

En la sesión, celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria y que continuará mañana con la declaración de las víctimas en calidad de testigos protegidas, se han reproducido varias grabaciones obtenidas de la escucha telefónica realizada durante algunos meses a los acusados, todos de nacionalidad nigeriana.

Según ha relatado una traductora presente en el juicio, en ellas se escuchaba cómo hablaban sobre la recepción de dinero por parte de las chicas que supuestamente ejercían la prostitución bajo su obligación, así como de traer a chicas a Cantabria para "llevarlas a trabajar".

Y es que, según el Ministerio Fiscal, una vez en España, las mujeres "eran obligadas a prostituirse" con el fin de pagar 30.000 euros en concepto de "deuda", dinero que "se repartían entre los acusados residentes en nuestro país y los demás miembros del grupo en otro países".

Todos los abogados de los acusados han protestado por que la Sala haya permitido como prueba esas grabaciones de las conversaciones telefónicas, ya que habían solicitado su nulidad al considerar que vulnera los derechos de sus defendidos porque, según han argumentado, no se ha llevado a cabo ninguna investigación previa y se han intervenido sus teléfonos basándose únicamente en el testimonio de una mujer que sería una supuesta víctima.

Por ello, a su juicio no había indicios del delito más allá del testimonio de esta persona -que figura en el procedimiento como testigo protegida- y "no se habían agotado las líneas de investigación" cuando se decidió comenzar la escucha.

Sin embargo, la jueza ha permitido esas grabaciones de acuerdo con la versión de la Fiscalía, que por el contrario ha asegurado que "existían indicios de trata, inmigración ilegal y prostitución coactiva", además de 11 autos de los juzgados de Valencia y Torrelavega desde mayo del 2017.

Esos indicios habrían surgido a raíz de las declaraciones en Comisaría de la testigo mencionada, que trabajaba en un club de Elda (Alicante) y aportó a la Policía números de teléfono desde los que dijo haber recibido amenazas por parte de algunos de los acusados, a los que identificó mediante fotografías. Además, mencionó a otras posibles víctimas de esta red, que operaría en distintos lugares de España.

Por ello, la fiscal ha considerado "sorprendente" que la defensa diga que las escuchas telefónicas son nulas, ya que la "explotación" se daba a distancia y los responsables "podían estar en cualquier lugar de España. Y ha insistido en que la intervención de los teléfonos era una medida "necesaria, proporcionada y justificada" porque "no eran meras sospechas ni meras conjeturas".

Así, la Fiscalía solicita 36 años de cárcel para uno de los acusados que actuaba desde Nápoles; 27 años de prisión para un matrimonio residente en Torrelavega; 15 años para una mujer residente en Gijón y 13 años para otras dos mujeres residentes en Lérida y Vizcaya, considerando los hechos varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos de prostitución coactiva y delitos de ayuda a la inmigración ilegal.

Su escrito de acusación explica que "las mujeres eran captadas en su país de origen, donde se encontraban en situación de seria precariedad económica", ofreciéndoles oportunidades en España, aunque desconocían las condiciones y la equivalencia de la deuda que contraían en 'nairas', moneda nigeriana.

También las sometían a un rito vudú, de profundo arraigo espiritual en su cultura, conforme al cual juraban obediencia a los miembros de la organización y se comprometían a no acudir a la policía y a pagar su deuda.

En la primera fase del viaje llegaban hasta la costa de Libia, desde donde les hacían atravesar el Mediterráneo hasta Italia en pateras. Una vez allí les proporcionaban documentación falsa para poder viajar por Europa y las trasladaban a España.

ACUSADOS Y DELITOS

Entre los acusados se encuentran un matrimonio residente en Torrelavega y tres mujeres residentes en Vizcaya, Gijón y Lérida, quienes se encargaban de recibir a las chicas y controlarlas. También está acusado el hombre residente en Nápoles que recibía a las chicas a su llegada de Libia y una mujer que ejercía la prostitución de manera voluntaria y que tenía por misión controlar a una de las víctimas, asegurándose de que efectivamente se prostituía y gestionando el dinero que ganaba para enviarlo a los miembros de la organización.

Las penas solicitadas ascienden a 36 años de cárcel para el hombre que actuaba desde Nápoles (tres delitos de trata y uno de inmigración ilegal); 27 años de prisión en el caso del matrimonio residente en Torrelavega (dos delitos de trata en concurso con prostitución coactiva y uno de inmigración ilegal); 15 años para la mujer residente en Gijón y 13 años para las mujeres residentes en Lérida y Vizcaya.

En estos tres últimos casos, se acusa a cada una de estas mujeres de un delito de trata en concurso con prostitución coactiva y otro delito de inmigración ilegal.

Para la mujer que ejercía la prostitución y que se encargaba de controlar a una de las víctimas, el Ministerio Público solicita dos años de cárcel y una multa de 6.750 euros como cómplice del delito de prostitución coactiva.

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