Los residentes que vayan a Laredo y quieran regresar a Santander tendrán "prioridad" para una de las plazas de la residencia Virgen del Faro
SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este lunes que el anterior Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) "encargó y desoyó" un informe sobre el análisis arquitectónico y la posibilidad de usos de La Pereda que determinaba que las obras para convertir y adaptar la entonces Residencia Marcano a un centro de atención a personas dependientes "no era viable" pues costaba 9 millones de euros.
Durante una interpelación sobre el cierre de La Pereda, Sáenz de Buruaga ha explicado que el informe, realizado en 2006 por Versus Consultores por encargo del Gobierno regional, consideraba que el coste no era "asimilable" pues la "drástica y profunda" reconversión suponía un desembolso que duplicaba la inversión que suponía construir una nueva.
La consejera ha asegurado que La Pereda era un "pozo sin fondo" y ha afirmado que el anterior Ejecutivo "ya lo sabía", algo por lo que, a su juicio, debería de responder el bipartito por su "irresponsabilidad" de "dilapidar" 3,5 millones de euros de dinero público para adaptar dos de las cinco plantas que tiene la residencia, y sólo en uno de los alas, en una obra que ha calificado de "chapuza".
En este sentido, la consejera ha señalado que el Gobierno de Cantabria debía decidir si cerrar La Pereda o invertir 9 millones de euros para hacerla "viable y segura", algo que -ha dicho_ significaría "gastar lo que no tiene" el Ejecutivo regional en una remodelación sin "garantías".
"¿Quién debería exigir responsabilidades a quién?", ha preguntado Sáenz de Buruaga, que, por otra parte, ha rechazado que la carta remitida a los residentes para que en el plazo de 10 días se decantasen por la residencia de Cueto o por la de Laredo no es un "ultimatum" ni un intento de "presionar" o "meter miedo" como ha asegurado la socialista Dolores Gorostiaga, sino de plantearles una posibilidad de "libre elección".
PRIORIDAD PARA LA RESIDENCIA VIRGEN DEL FARO
En este sentido, se ha comprometido a que aquellos residentes que finalmente vayan al centro de atención a la dependencia de Laredo, también público, y que lo deseen puedan "retornar a Santander" y tener prioridad para ocupar una de las plazas de la residencia Virgen del Faro, que entrará en funcionamiento en 2013 y se ubicará a un kilómetro de La Pereda, "siempre" que no hayan renunciado a una plaza del sistema público.
En cuanto a los residentes, la consejera ha señalado que, de los 94 que había, ya han abandonado el centro 8 de forma voluntaria y 12 más lo harán a lo largo de esta semana.
Por otra parte, y ante las acusaciones de Gorostiaga sobre los despidos que ocasionará el cierre de La Pereda, Sáenz de Buruaga se ha comprometido "a mediar" para que aquellos interinos y personal laboral que pierdan sus empleos tengan prioridad en la bolsa de trabajo de la red concertada de centros de atención a la dependencia de la comunidad autónoma.
Sáenz de Buruaga ha defendido la decisión adoptada por el Ejecutivo regional pese a no ser, según ha reconocido, ni "popular ni fácil de entender" por las familias, y ha asegurado que es una medida "responsable" puesto que el centro no cumplía los requisitos estructurales ni de funcionamiento para desempeñar la actividad que realiza ni el Plan de Protección Civil.
UN "TREMENDO ERROR"
Durante la interpelación, Gorostiaga ha considerado un "tremendo error" el cierre de La Pereda, una decisión que, a su juicio, no es "improvisada" ni "de ahora" lo que, en su opinión, demuestra el hecho de que este centro no haya recibido desde el pasado diciembre "ni un solo residente".
"¿Qué pasa, se han acabado las personas dependientes en Cantabria?", ha dicho la diputada socialista, quien ha censurado que el cierre de la Pereda "se carga" 110 empleos y un centenar de plazas públicas de atención a este tipo de personas, una de las áreas donde --ha dicho-- "más carencias" existen.
Ha acusado al Ejecutivo regional de pretender "hacer dinero" de la residencia de La Pereda, cuyo cierre --ha dicho-- responde "mucho más a la ideología " del PP que a la crisis.
A su juicio, y tras considerar que no es algo "improvisado", ha mantenido que se trata de un "paso más" del "plan inconfesable" del PP para desmantelar el Estado de Bienestar.
Además, y lejos de la postura de la consejera, quien ha asegurado que se ha actuado con una "transparencia sin igual", Gorostiaga ha acusado al Gobierno de Cantabria de no haber "dado la cara" al tomar esta decisión y le ha reprochado que esta medida no fuera anunciada ni en el programa electoral del PP, ni en su comparecencia en el Parlamento o en la investidura del presidente de Cantabria, Ignacio Diego; y tampoco haya sido negociada con los sindicatos, con los trabajadores o los residentes, sino "impuesta".
EL INFORME
En cuanto al estudio que, según ha dado a conocer este lunes la consejera, fue encargado por el anterior Ejecutivo se incluye un anexo en los que se detalla el importe de las reformas de la entonces residencia Marcano, tanto para seguir como un centro de ocio con residencia para personas mayores válidas --como era entonces-- como para convertirse a una residencia para personas mayores dependientes.
Según indica, la dotación del edificio de escaleras de emergencia, sistemas de detección y extinción de incendios; la compartimentación; la sustitución de las fachadas centrales, la mejora de accesos y el incremento en los ascensores --actuaciones de "seguridad y confort" necesarias para continuar como centro de ocio con residencia para personas mayores, según el estudio-- costaría unos 3 millones de euros.
Si a estas obras se unen otras actuaciones para que, según el informe, pudiera ser una residencia para personas mayores dependendientes --la reforma de las habitaciones para igualar los dos niveles, la dotación de salas de estar y office de enfermería en las plantas del edificio, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de los baños para personas mayores dependientes, la adaptación de los ascensores y la instalación de un montacamillas--, con un coste de otros 6 millones de euros, el desembolso ascendería a 9 millones de euros.
Así, el estudio indica que, planteadas las distintas alternativas, "parece difícil establecer alguna conclusión que al menos represente una mejora o ventaja a la situación actual" --la de 2006-- "sin un coste excesivo".
"La actual situación tampoco permite su mantenimiento a medio plazo, por los riesgos que la Administración asume", proseguía el estudio, que realizaba una descripción y análisis del edificio en cuanto a estructura, instalaciones, protección y seguridad, reformas, utilización y funcionalidad", planteaba diferentes alternativas de uso y observaba diversas consideraciones de índole urbanístico-económicas.
Este punto del orden del día, ha sido seguido desde el hemiciclo por un grupo de personas afectadas por el cierre de La Pereda, a quienes se ha dirigido el presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, para recordarles que podían presenciar el debate pero sin intervenir, ni exponer su postura, ni a favor ni en contra de la decisión adoptada por el Gobierno regional, pues, de lo contrario, deberían abandonar la sala.
