Cientos de personas participan en la XV, y última, Marcha a Santander, y vuelven a pedir "justicia" y una "solución" al problema que padecen
SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los afectados por sentencias de derribo en Cantabria llevarán al Parlamento regional la petición de dimisión del presidente, Miguel Ángel Revilla, al que consideran "responsable directo" del problema que padecen desde hace décadas, pues en anteriores legislaturas fue consejero de Urbanismo.
"Lo ha causado él y no ha reparado el daño", han señalado desde la Asociación de Maltratados por la Administración, que engloba a los propietarios de vivienda condenadas a la demolición que hay en la Comunidad, 575 de las que más de la mitad -255- se concentran en el municipio de Argoños.
Por eso, AMA trasladará a los distintos grupos de la Cámara autonómica (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto) una moción de reprobación al líder de los regionalistas y jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, para el que también solicitarán la dimisión.
Será el siguiente "paso" al dado este sábado por la agrupación, que ha celebrado la décimo quinta -y "última"- Marcha a Santander, con la que más de 300 afectados han recorrido -a pie y en autobús- varios municipios cántabros, desde Argoños a la capital, para volver a pedir "justicia" al problema que padecen.
"Presidente, ¿dónde está?"
A su llegada a Santander, por la tarde, los participantes en esta tradicional protesta se han concentrado ante la sede del Gobierno, en la calle Peñaherbosa, donde han exhibido pancartas y han coreado diferentes consignas, entre ellas "presidente, ¿dónde está?".
A las puertas del Ejecutivo, donde no han sido recibidos por ningún representante, también han llamado, megáfono en mano, "sinvergüenza" a Revilla, aunque han aclarado que no se trata de "un insulto" al presidente de Cantabria, sino de una "definición de su comportamiento con nosotros", por "no tener vergüenza", ha precisado el portavoz de AMA, Antonio Vilela.
Y es que, a su juicio, y de todas las personas que han secundado la protesta, el jefe del Ejecutivo debería haber estado allí, recibiéndoles y dando "la cara", en vez de estar "en los platós de televisión".
Le consideran "responsable directo" de su problema, primero por "no respetar las leyes" y, después, por haberles "maltratado durante años" en los que han estado reclamando justicia, algo que seguirán haciendo "a pesar de todo" y de ser, la de este 2018, la última Marcha a Santander.
QUE SE REPARE EL DAÑO Y NO SE TIRE NINGUNA VIVIENDA
En concreto, y como ha reiterado Vilela, ante los afectados y a la Prensa, reclama que las administraciones "reparen el daño causado" y, mientras tanto, "no tiren ni una" casa con sentencia de derribo.
Tras recordar a "toda la gente que se ha quedado por el camino" -más de un centenar de personas afectadas por este problema han fallecido ya, y la media de edad del colectivo ronda los 70 años-, el presidente de AMA ha asegurado que seguirán reclamando (o "mendigando") justicia, pues hasta ahora las administraciones implicadas no han hecho "nada" para solventar su situación.
Han pedido, y lo continuarán haciendo, que acabe "tanto dolor, sufrimiento y maltrato", y exigirán también una solución "definitiva" antes de que acabe esta Legislatura y que no conlleve pérdida alguna de patrimonio de los afectados, tal y como se acordó, por unanimidad, en el Parlamento autonómico.
No obstante, Vilela ha admitido que es complicado, pues en lo que va del actual periodo legislativo no se ha avanzado nada y quedan "tres o cuatro meses hábiles" antes de las próximas elecciones, previstas en primavera de 2019.
Tras apuntar que "ninguna" de las viviendas ilegales regularizadas hasta ahora en la región se ha debido a la labor del Gobierno, el portavoz de los afectados ha señalado que la salida a su problema tiene que venir "de los tribunales".
También es importante, como ha apuntado, la aprobación por parte de los ayuntamientos de los planes generales de ordenación urbana, pero ha precisado al respecto que los municipios precisan para ello el respaldo del Ejecutivo a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
Y es que la labor de este organismo es "esencial" para que los PGOU se aprueben "en tiempo y forma" y se lleven a la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), para que se regulen las viviendas susceptibles de legalizar, como ha sucedido hasta ahora con algunas de Miengo.
MARCHA A SANTANDER
La Marcha a Santander ha incluido un acto en Arnuero en el que ha participado su alcalde, José Manuel Igual, el de Escalante, Juan José Alonso, y el de Argoños, Juan José Barruetabeña, así como el primer teniente de alcalde de Piélagos, Alfredo Rodríguez, ya que si bien los derribos constituyen un problema "muy grave" para las familias afectadas, también lo es para los pueblos en los que hay viviendas condenadas, por el coste económico que conlleva la solución.
También se ha sumado el diputado del PP Iñigo Fernández a la marcha, tras la cual se ha programado, en el Ateneo de Santander, un acto al que se ha invitado a participar a responsables de todos los partidos con representación en el Parlamento, para pedir una "solución" en lo que resta de Legislatura.
