SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, volverá al Parlamento Europeo diez años después, para poner de manifiesto que las administraciones regionales se han "pasado por el forro" las recomendaciones hechas desde Bruselas para solucionar este problema, que se generó hace más de dos décadas y que afecta a cerca de 600 viviendas en la Comunidad.
"Seguimos, para vergüenza de todos, sin soluciones", se ha quejado el colectivo en un comunicado difundido después de una "larga" reunión con el Gobierno autonómico. Así, AMA trasladará a los diputados de la Eurocámara que "sus palabras fueron hermosas, pero que por estos lugares se las han pasado por el forro".
Los representantes de la agrupación también acudirán al Parlamento regional, para pedir que se "cumplan" sus acuerdos y declaraciones institucionales y, en caso contrario, que se repruebe a quienes lo han impedido.
Y en el ámbito local, los miembros de AMA solicitarán lo mismo, porque "denunciar a quien no cumple es poner luz a los que se ocultan detrás de las palabras".
En cuanto al encuentro con el Ejecutivo PRC-PSOE, en el que ha participado la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, los afectados por derribos han asegurado salir "cansados" y "decepcionados" por ver -han expresado- "cómo pasa el tiempo y parece que siempre estamos en el día de la marmota: chocando contra una pared que no se mueve mientras tú te dejas los cuernos en busca de una solución para cientos de familias".
"Nos dieron capotazos por todas partes", han señalado sobre la reunión, en la que también participaron los directores generales de Urbanismo, Medioambiente y Servicios Jurídicos.
AMA, que no duda de la "amabilidad" o "buenas intenciones" de estos dirigentes, sí duda de lo "importante", de si el Gobierno cántabro va a cumplir con la Declaración Institucional del Parlamento de Cantabria para dar una "justa y satisfactoria solución" a las "víctimas" de 30 sentencias firmes de derribo que condenan a las administraciones públicas, y que señalan unas a otras como las "culpables" del problema.
"Han pasado más de 20 años, hemos visto representantes de todos los colores y todos tienen algo en común: todos saben descargar la responsabilidad en los demás, todos saben que su mandato dura cuatro años y después quién sabe dónde estarán", lamentan los afectados.
