Aseguran que no fueron informados de los descubiertos y que operaban con "normalidad"
SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha dejado en libertad y sin fianza a los cinco imputados que declararon durante toda la mañana por la quiebra de la Sociedad Cooperativa del Campo y Sección de Crédito de Monte.
Finalmente son siete los imputados por la presunta apropiación indebida y delito societarios: el ex gerente, José Ramón Gómez, que declaró el pasado mes de mayo, un empresario de 'Metálica Rivadedeva', que prestó declaración en los Juzgados de Llanes, y otros cinco presuntos deudores: Manuel A., así como Evangelina B. y Luis G., de Revestimientos Piélagos y los hermanos Juan Carlos y Ricardo del Corral, de Metálicas Hermanos del Corral.
Desde las 9.45 horas y hasta las 14.15 horas declararon estos cinco empresarios imputados, procedimiento penal que se sigue paralelamente a una causa ante el Juzgado de lo Mercantil de procedimiento concursal de la entidad, intervenida judicialmente, que pretende clarificar los términos de la quiebra.
Según informaron fuentes del Juzgado número 3 de Santander, el juez dejó marchar a los cinco imputados "sin solicitar ninguna medida cautelar".
Además, y según la Defensa de la Plataforma de Afectados de la Cooperativa, los cinco imputados declararon hoy que no fueron informados, por parte de la Cooperativa, de que tuvieran descubiertos, y que operaban "con normalidad".
Algunos de ellos aseguraron ante el juez instructor que están realizando sus propias auditorías para intentar probar su inocencia.
Según los letrados de la Plataforma de Afectados, estas declaraciones les han sorprendido "relativamente", ya que "confirman" que la Cooperativa "funcionaba con un absoluto descontrol".
El Consejo Rector de la Cooperativa promovió el pasado mes de marzo una querella criminal contra el ex gerente de la entidad José Ramón Gómez Fernández, y otros seis deudores tras que en el mes de febrero fueran informados por una auditoria de que había "irregularidades" en las cuentas, desvelándose el "agujero" económico.
Según la denuncia inicial, el presunto 'agujero' financiero asciende a 15.000 millones de euros, que afectaría a unos 2.300 socios afectados de la Cooperativa.
