Pide al Parlamento que "matice" su declaración y añade que legalizar viviendas sería "inconstitucional" y "favorecer nuevas ilegalidades"
SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista ARCA garantizó hoy que las sentencias firmes de derribo que pesan sobre más de 500 viviendas en Cantabria se ejecutarán y aseguró que la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de suspender temporalmente la ejecución de sentencias respecto a tres urbanizaciones "sólo supondrá un pequeño retraso".
Además, en rueda de prensa, el presidente y el vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, advirtieron de que tratar de legalizar las viviendas construidas ilegalmente sería "inconstitucional", "casi como prevaricar", en opinión de Canales, y no cree que "nadie se atreva" a hacerlo.
Los responsables de ARCA lamentaron el "serio aprieto" en que ha puesto a los jueces y al Gobierno regional la declaración del Parlamento cántabro sobre las sentencias de derribo, una declaración con la que la Cámara "metió la pata" y cuya "ambigüedad" ha motivado, en opinión de ARCA, la decisión del TSJC.
A su juicio, aunque la declaración del Parlamento no se sabe muy bien "a lo que se refiere" cuando habla de buscar soluciones, se utiliza de forma "permanente" como un "llamamiento a la legalización de las urbanizaciones con sentencia firme de demolición", una posibilidad que, según Herrera, "no se ajusta a la voluntad mayoritaria de los cántabros" y, además, "sólo serviría para favorecer nuevas ilegalidades e incrementar la sensación de impunidad entre los infractores".
Por ello, los ecologistas instaron al Parlamento a buscar la forma de "matizar" esa declaración, "enfatizando que en un Estado de Derecho las sentencias firmes están siempre para ser ejecutadas". En palabras de Herrera, la resolución del Parlamento se ha demostrado "a todos luces" como una "grave equivocación", ya que está sirviendo como "ariete contra el cumplimiento de sentencias y las leyes urbanísticas de Cantabria".
Además, "ha puesto en un serio aprieto a los jueces del TSJC y al Gobierno de Cantabria, que se han visto envueltos en un extraño procedimiento cuyo objetivo último es, nada menos, que impedir el cumplimiento de unas sentencias firmes dictadas en cumplimiento de la legalidad vigente", agregó.
Lo que ha decidido el TSJC es suspender temporalmente la ejecución de las sentencias firmes de derribo de las urbanizaciones Playa la Arena (en Arnuero) y de Pueblo del Mar I y Las Llamas II (en Argoños), en tanto recaba información del Gobierno regional para esclarecer el alcance de la resolución aprobada el pasado mes de diciembre por el Parlamento cántabro.
LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO.
Aquella resolución instaba al Ejecutivo regional a elaborar "un plan encaminado a dar solución, en la medida de lo legalmente viable", a los problemas derivados para los compradores de esas viviendas que tienen sentencia firme de demolición.
En opinión de ARCA, de la simple lectura de esa resolución no se puede concluir que se hable de legalizar las viviendas, que además, sería una "absoluta burla contra el interés general". Herrera puso el ejemplo del recurso que acaba de anunciar el Gobierno regional contra unas viviendas en Udías. "Si la Justicia decreta la demolición, ¿cuál es el futuro que se plantea? ¿Legalizarlo? ¿Entonces para qué se recurre?", argumentó el vicepresidente de Arca.
Lo que sí respalda Arca es la posibilidad de establecer indemnizaciones o compensaciones urbanísticas en otros puntos de los municipios afectados y que se promuevan acciones legislativas que aporten más seguridad a las decisiones en el ámbito urbanístico.
Sin embargo, a la asociación no le consta que el Gobierno haya hecho "absolutamente nada" ni en un sentido ni en otro. De todas maneras, Arca, que no descarta que puedan dictarse nuevas providencias que suspendan temporalmente el derribo de otras urbanizaciones, va a pedir que se siga adelante con el procedimiento de ejecución de sentencias.
LA SOLUCIÓN "PASA POR ARCA".
Además, el presidente de la asociación dejó claro que "cualquier tipo de solución a este problema pasa por Arca" y advirtió de que intentar "ningunear" a la asociación en este asunto va a ser "absolutamente imposible".
De hecho, aseguró que cualquier posible solución que "no tenga en cuenta" a la asociación "va a fracasar" porque se ha demostrado que Arca es "fuerte" y ha ganado en los tribunales a los ayuntamientos, al Gobierno de Cantabria e incluso al central (en el caso de la depuradora de Vuelta Ostrera).
Asimismo, Canales subrayó que la organización seguirá "insistiendo" para que se ejecuten las sentencias. Actualmente la asociación tiene ya 16 sentencias firmes de derribo que afectan a más de 500 viviendas. Sin embargo, en el caso por ejemplo de Playa la Arena, la sentencia firme es del año 2000 y ocho años después sigue sin ejecutarse el derribo.
