26 de enero de 2020
  • Sábado, 25 de Enero
  • 18 de diciembre de 2009

    AMPL Tolosa advierte de que no se puede legalizar viviendas con sentencias de derribo con mecanismos "ilegales"

    El presidente del TSJC defiende las compensaciones a los afectados y reivindica la dimensión pública del urbanismo

    SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

    El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, advirtió hoy de que no se pueden legalizar viviendas con sentencias firmes de derribo con "mecanismos ilegales", y avanzó que la Sala de lo Contencioso-Administrativo examinará "cada una" de las soluciones propuestas por el Plan del Gobierno de Cantabria para afrontar este problema que afecta a unas cuatrocientas viviendas en municipios costeros de la región.

    Según explicó el presidente del TSJC en un encuentro con periodistas, en derecho urbanístico, las legalizaciones, cuando son posibles, suponen que se pueden hacer modificaciones para que lo ilegal se convierta en legal.

    Pero precisó que para que esto se produzca no puede haber "sólo" voluntad política, sino que se tienen que dar las "circunstancias legales" para que la modificación normativa no se haga "ad hoc" para estas situaciones.

    Lo contrario arrojaría "indicios de desviación de poder", apuntó Tolosa, quien no se pronunció sobre el contenido del plan aprobado por el Gobierno de Cantabria. Tolosa recordó que los tribunales ya rechazaron un intento de legalización en Escalante.

    Para el presidente del TSJC, se trata de un problema "complejo" que no se puede abordar de una forma "simplista", no con una "receta mágica" al existir distintas situaciones legales y urbanísticas. Lo que hay que hacer es "examinar" si la legalización es viable desde el punto de vista material, pero también desde un enfoque jurídico. Entonces, subrayó, no se produciría desviación de poder y haría falta el "esfuerzo de todos" para resolver este problema.

    En cualquier caso, en su opinión, el "peso de la ley" debe caer sobre las viviendas afectadas por las sentencias de derribo, y no sobre los propietarios, que tendrán que recibir compensaciones por los daños sufridos para que se haga "justicia". La "restauración" de la legalidad y las compensaciones "adecuadas" a los perjudicados responderían al "sentido de la justicia".

    DIMENSIÓN PÚBLICA DEL URBANISMO

    No obstante, defendió que el urbanismo "no es un problema de particulares" y de compraventa de bienes, sino que afecta al "conjunto de la sociedad de Cantabria", que se puede ver privada del paisaje costero. Es algo que "a veces se olvida" y que es precisamente "lo que se discute ahora en Copenhague", según sostuvo el presidente del TSJC.

    Tolosa reivindicó la "dimensión pública" y el "interés social" del urbanismo, que es lo que hace que las instituciones decidan la protección del paisaje, "en función de los intereses generales" de la sociedad. En consecuencia, consideró "inadmisible" que se puedan "mantener ilegalidades" para proteger "intereses particulares".

    El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reivindicó el papel "pedagógico" y "preventivo" de las sentencias de lo contencioso emitidas sobre esta materia. "¿Cuánto no se ha construido gracias a que existen doctrina de la sala sobre ilegalidades urbanísticas? ¿La Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Litoral hubieran sido lo mismo sin las sentencias de derribo?", planteó.

    Tolosa recordó que los tribunales no tienen la capacidad de actuar de oficio, sino que emiten sentencias después de que alguien haya presentado denuncias, frente a las críticas sobre porque la justicia declara ilegales unas viviendas y no otras con características similares.

    Por otra parte, Tolosa aseguró que "no sería de extrañar" que, ante la polémica despertada por el desarrollo eólico del Plan Energético Regional y los anuncios de recursos por parte de la plataforma CORE, este proyecto del Gobierno de Cantabria "acabará en el edificio de Salesas", es decir, en los tribunales.