SANTANDER/BUENOS AIRES, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, ha sido citada a declarar por el juez federal argentino Sergio Torres, en el marco de una investigación por el 'corralito' financiero que se produjo en este país en diciembre del año 2001.
La citación afecta a los responsables de los principales bancos extranjeros en Argentina, entre los que se encuentran el Banco Francés, filial del BBVA, y el Banco Río de la Plata, del Grupo Santander.
Así, junto a Ana Patricia Botín, también han sido llamados a declarar el gerente general del Banco Río de la Plata en aquel entonces, José Luis Cristofani, y los banqueros argentinos Carlos Fredigotti Góngora (Citibank); Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston); Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia); José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris).
En total, son más de una docena de directivos de ocho entidades financieras extranjeras presentes en Argentina, que deberán declarar como imputados ante el juez Torres durante el mes de marzo, según informó el diario económico argentino 'Infobae'.
Fuentes de Banesto consultadas por Europa Press precisaron que no han recibido ninguna notificación oficial por parte de la justicia argentina, y aclararon que Ana Patricia Botín nunca fue presidenta de la filial argentina del Santander. Desde febrero de 2002 la hija de Emilio Botín, presidente del Grupo, es la máxima responsable de Banesto.
EL CORRALITO.
El 3 de diciembre de 2001, en medio de una grave crisis política, social y económica, el Gobierno argentino se vio obligado a instaurar el llamado 'corralito' financiero, por el que durante varios meses se congelaron los depósitos de los ahorradores y se restringió la retirada de dinero en efectivo.
La causa judicial se inició en febrero de 2002 tras la presentación de una denuncia de un ahorrador del Banco Sudameris, por la no restitución de sus depósitos en dólares estadounidenses y durante casi seis años el expediente tuvo un complejo periplo entre la justicia de instrucción y la federal.
En abril de 2002 no se encontraron pruebas contra la mayoría de los imputados, decisión que fue ratificada en 2005 por una instancia superior. Sin embargo, ahora el juez Torres quiere interrogarles sobre la promoción que hacían para captar dólares anunciando que sus entidades tenían respaldo de sus respectivas casas matrices.
